El proyecto fue respaldado por 42 votos contra 17 del arco opositor conformado por el radicalismo, los provinciales y el socialismo.
Ahora, la norma deberá ser debatida en la Cámara de Diputados para que sea convertida en Ley.
Como ocurrió anteayer con la presencia del jefe de Gabinete en la Cámara alta, el debate se convirtió en una dura pulseada entre el kirchnerismo y la oposición. Pero la discusión se extendió más de lo previsto por la inédita intervención de la senadora Kirchner, que habló por espacio de 2 horas y 25 minutos. El reglamento establece que, como miembro informante de una bancada, un legislador dispone de 40 minutos para hablar.
Además de destacarse por su extensión, la exposición de la primera dama se caracterizó porque estuvo centrada en notas publicadas por LA NACION, que le sirvieron para responder las críticos a su iniciativa y para cuestionar a varios periodistas del diario (como se informa por separado).
El proyecto oficialista establece el proceso por el cual el Congreso debe analizar cada DNU para ratificarlo o, eventualmente, derogarlo, tal cual lo establece el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución nacional.
Sin embargo, el texto es cuestionado porque no establece plazos perentorios para que ambas cámaras se expresen sobre cada decreto. Para la oposición, de esa manera el oficialismo, apelando a su mayoría parlamentaria, podrá dilatar sin fecha el debate parlamentario sobre cada decisión que el Poder Ejecutivo adopte mediante esa controvertida, aunque legítima, herramienta jurídica.
Las críticas también apuntaron a la decisión de Cristina Kirchner de obligar al pronunciamiento expreso de las dos cámaras legislativas para derogar un DNU.
En su largo discurso, la primera dama se dedicó a resaltar que, a pesar de las quejas de los principales referentes de la oposición, desde 1994, año en el que se estableció el mandato constitucional de reglamentar el control de los decretos de necesidad y urgencia, «ningún gobierno quiso constituir esta comisión». Además, destacó que los DNU no son una invención de su esposo, Néstor Kirchner, sino que «quienes gobernaban [a partir de 1983] hicieron uso» de ese tipo de medidas -citó la creación del austral como moneda nacional-, y fue más allá al señalar que «hasta el Plan Conintes» (por el cual el presidente Arturo Frondizi suspendió en 1960 garantías constitucionales para combatir las huelgas que ponían en peligro la prestación de servicios públicos ) fue puesto en vigencia por un decreto de necesidad y urgencia.
«Parece ser que algunos creen que la seguridad jurídica empezó a peligrar a partir de 1983. Les traigo la mala noticia de que hubo épocas mucho más inseguras», afirmó.
Así, recordó que en el gobierno de la Alianza se recortaron salarios públicos y jubilaciones y se desregularon las obras sociales por un DNU.
En materia jurídica, comparó los decretos con las executive orders del derecho norteamericano y aseguró que «un DNU no es una ley, pero tiene fuerza de ley» y que, por lo tanto, para ser derogado se requiere del pronunciamiento de ambas cámaras legislativas.
Más aún, la senadora destacó que con la sanción de esta ley se podrá derogar un DNU con mayoría simple cuando ahora hacen falta los dos tercios, ya que debe hacer por ley que, como tal, puede ser objeto de veto por el Ejecutivo; decisión que sólo puede ser revertida por el voto de los dos tercios de cada cámara parlamentaria.
Por último, Cristina Kirchner afirmó que en su proyecto «se excluye en todos los casos la sanción ficta», es decir la ratificación de los decretos por el mero silencio del Congreso.
Postura opositora
A pesar de la larga defensa del proyecto de la primera dama, la oposición sostuvo la tesis contraria. «Este proyecto ratifica la sanción ficta», afirmó el radical Luis Naidenoff, que alertó que «con este proyecto vamos camino al hiperpresidencialismo».
A pesar de que el oficialismo votó en general monolíticamente el proyecto, se escucharon algunas voces disidentes en el debate en particular. Así, la porteña Vilma Ibarra (Partido de la Victoria) y la salteña Sonia Escudero (PJ), rechazaron el artículo 24 de la iniciativa por considerar que con la expresión contraria de una sola cámara alcanza para derogar un DNU.
Sobre el mismo punto profundizó el radical independiente Rodolfo Terragno, que le recordó a la primera dama que en 2002 había impulsado un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que sostenía que para derogar un DNU alcanzaba con el rechazo de una cámara. «Si no hay derogación ficta, hay sanción ficta», exclamó.
Ahora, el debate se trasladará a la Cámara de Diputados, donde la oposición ya se abroqueló en el rechazo a la iniciativa y promete un debate tan áspero como el que lo enfrentó con el kirchnerismo en ocasión de la discusión de la reforma del Consejo de la Magistratura.
Por Gustavo Ybarra
De la Redacción de LA NACION
