Las cosas por su nombre
«Las cuestiones a que se refiere el inciso 6º -cuestión de privilegio- son exclusivamente aquellas que se vinculan con los privilegios que la Constitución Provincial otorga a la Legislatura y a cada uno de los miembros para asegurar su normal funcionamiento y resguardar su decoro». (Reglamento interno de la Legislatura Provincial)
Los términos «arbitrariedad» e «impunidad» utilizados por el legislador del ARI Manuel Raimbault para referirse al Consejo de la Magistratura, afectaron, según la sanción pedida por el legislador Miguel Portela y acompañada por la mayoría de sus pares, el «decoro» de los representantes de la Cámara ante el organismo de selección de jueces: circunstancialmente, hoy el mopofista Roberto Frate y la justicialista Nélida Lanzares; históricamente quienes hayan tenido la capacidad de acatar sin objeciones el mandato de un poder corrupto.
Decoro es, en la primera aceptación de nuestra lengua, el «honor, respeto, reverencia que se debe a una persona por su nacimiento o dignidad»; también la «pureza, honestidad, recato», la «honra, pundonor, estimación», y la capacidad de «comportarse con arreglo a la propia condición social». Así, se habla de «guardar el decoro a alguien o a algo», y a su vez, de «corresponder con actos o palabras a su estimación o a su merecimiento».
Bajo esta óptica, para Portela y quienes acompañaron el pedido de sanción, el legislador Manuel Raimbault afectó el «honor, el respeto, la honestidad y la correspondencia» de los actos de los consejeros Frate y Lanzares hacia la propia sociedad, y/o de quienes los precedieron en tan eximia misión.
Raimbault afectó con ‘dos palabras’, de acuerdo con la visión de esta mayoría,
-el honor y honestidad con que los consejeros seleccionaron al menemista Ricardo Klass, quien prefirió renunciar antes que ser inevitablemente condenado en un juicio por mal desempeño del cargo;
-el mismo honor y honestidad con que los consejeros negaron el desafuero del juez De Gamas, involucrado en el pago de una coima de 400 mil dólares a testigos de la causa AMIA y refugiado en Tierra del Fuego mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo investiga;
-el mismo honor y honestidad que los llevó a elegir, concurso mediante, a Luis Felipe Ricca como camarista en Río Grande, amigo de otro célebre ligado al gobierno corrupto de Collor de Melo, como ‘PC’ Farías;
-el mismo honor y honestidad con el cual seleccionaron y sostienen al ex asesor de la secretaría de Información Pública de Videla, Dr. Mario Robbio;
-el mismo honor y honestidad que determinó que Plesclevi era la abogada más apta de quienes con ella concursaron, para desempeñarse como juez provincial, aunque no llegara a asumir por estar presa;
-el mismo honor y honestidad que hoy los llevó a elegir camarista a Ernesto Löffler, procesado en la causa HIFUSA;
-y el mismo honor y honestidad que demora dos años la selección del juez penal en Río Grande, inexplicablemente, salvo por las preferencias de algunos consejeros hacia un abogado en particular, a quien todavía no le da la antigüedad para el cargo.
Para las organizaciones nucleadas en este Foro, si Raimbault debe ser sancionado por tildar de «arbitrarios» e «impunes» a quienes eligen a los jueces; en atención a los términos que como ciudadanos comunes utilizamos en los corrillos a nivel de «la calle» en nuestros intercambios de opiniones, o la manera en que nos referimos a la Justicia y en particular al Consejo de la Magistratura , deberíamos poco menos que ser condenados a la pena de muerte, según la vara con que miden Portela y sus asociados esta afectación al decoro.
Y decimos «asociados» no azarosamente, sino en función de los contratos del bloque del MPF con quien es, además de asesor, uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura, el Dr. Sergio Saúd.
Si esto no es ‘impunidad’, y una absoluta falta de independencia que posibilita la ‘arbitrariedad’, la Legislatura y la sociedad estamos hablando lenguajes diferentes.
Vale subrayar que este Foro reclama cambios en el método de selección de jueces, y no porque sea óptimo o nos encandile su excelencia, sino precisamente por la ‘arbitrariedad’ y la ‘impunidad’ que se traslucen y se vuelven obvias para toda la sociedad, a pesar de la oscuridad y la falta de transparencia del proceso.
Así, la sanción de Portela, el enojo de Saladino, cuyos «decoros» ya están empañados no por un legislador sino por acciones propias, públicas y privadas, debe ser leída como una bochornosa exteriorización de la desesperación:
-la desesperación por no poder acallar las voces y seguir ocultando lo que pasa, puertas adentro de la Legislatura donde se «cocinaron» leyes arbitrarias y funcionales a la impunidad;
-la desesperación por el peso de sus propias máscaras, engrosadas a lo largo de los años, y que ya no pueden sostener;
-la desesperación porque la sociedad se ve interpelada a tomar postura entre un ‘megabloque’ de ambiciones rejuntadas y un legislador como Raimbault; sabiendo que en esa balanza juega la certeza del lado que le corresponde a «los pibes chorros», a los aliados del saqueo colacista, a los cómplices de la 460 y a algún amigo de los responsables del primer muerto en democracia.
Por todo ello, repudiamos la defensa del mentiroso «decoro» esgrimida para acallar o amedrentar a una de las voces críticas que integra la Cámara.
Se puede coincidir o no con Raimbault, lo que la sociedad no puede aceptar – y nosotros no lo hacemos – es la práctica de la amenaza para mantener lo que todos sabemos: una Justicia a la medida de los poderosos y lejos de los anhelos de la ciudadanía.
Foro Una Justicia para la Democracia, integrado entre otras asociaciones por Participación Ciudadana, APDH, SIPREN, Trashumantes Río Grande, Red Antiimpunidad y PODEPU.
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Trashumantes Río Grande
Red Patagónica de Derechos Humanos y Sociales
Río Grande, Tierra del Fuego
Teléfonos: 02964-445124 / 15604270
