La resolución adoptada por el juez federal Julián Ercolini el viernes pasado incluye también el procesamiento de Diego Pizarro, el presidente de la empresa a la que se traficó la información (P&P Datos), y la falta de mérito de Gustavo Xamena, otro gerente de la Anses. LA NACION había revelado en marzo la citación de los funcionarios como acusados.
Como autor del delito de violación de secretos, Prieto se convirtió en el segundo funcionario procesado del gobierno de Néstor Kirchner. El primero fue el secretario de Agricultura, Miguel Campos, procesado en abril por aparentes irregularidades en la distribución de la cuota Hilton de 2004. Prieto y Pizarro no irán a prisión porque se los acusa de un delito excarcelable, pero afrontan un embargo sobre sus bienes de 20.000 pesos.
De acuerdo con la resolución de Ercolini, la base de datos que dio a conocer Prieto contenía información básica de los empadronados, como nombre, número de documento y domicilio, y otra que sirve para establecer su perfil socioeconómico, como su puesto de trabajo y cantidad de personas a cargo. P&P, también conocida como BDP SA, es una firma con sede en Córdoba, que se dedica a la evaluación de riesgo crediticio, actividad que en la Argentina se hizo famosa con la compañía Veraz. Los datos robados, se supone, resultaban útiles a la empresa para determinar si las personas empadronadas podían responder a un préstamo.
La información revelada a la empresa es de acceso público para los empadronados, pero sólo de manera individual y con el previo ingreso de un número de CUIL o DNI.
El caso se conoce cuando el Gobierno busca ordenar, con la instrumentación del Registro Nacional de Bases de Datos, el uso indiscriminado de los datos personales. Aprobada hace cinco años, la ley de hábeas data fijó pautas para «la protección integral de la información personal asentada en archivos, registros y bancos de datos públicos y privados».
Prieto, que hoy desempeña funciones administrativas en otro sector de la Anses, está de licencia sin goce de sueldo desde hace un mes a la espera de que se resolviera su situación procesal. Es un funcionario que proviene de San Juan: durante la gobernación de Jorge Escobar fue ministro de Producción de la provincia.
En la Anses dijeron a LA NACION que aún no habían decidido si iban a confirmar a Prieto en el cargo o a pedirle la renuncia.
De acuerdo con la investigación -que se inició por una denuncia del director de la Anses, Sergio Massa, y del fiscal Guillermo Marijuán-, la maniobra se cometió en octubre de 2004, cuando Prieto se desempeñaba como gerente de Control. Tras obtener por la vía legal dos CD que contenían la base de datos -luego de varios meses de insistencia-, el funcionario «entregó, traspasó o copió» la información a Pizarro, a quien conocía desde hacía unos años.
La operación quedó en evidencia cuando por intermedio de una de sus secretarias Prieto pidió a Lautaro Palamidessi, un empleado del área de Coordinación Informática, que le explicara al empresario cordobés cómo se operaba la base que tanto había reclamado.
En un intercambio de e-mails con la secretaria de Prieto -que constan en el expediente-, el empleado descubrió que varias indicaciones que le habían pedido los días anteriores habían sido reenviadas a personal de P&P, que daba a entender que tenía la base en su poder. Entonces, desde una dirección de correo electrónico denominada
des_control_en_anses@hotmail.com, Palamidessi denunció la maniobra ante las autoridades del organismo. Luego testificó ante la Justicia,
Las pruebas
Tras un año y medio de investigación y varios allanamientos en la empresa y en la Anses, el juez dio por probado que Prieto había obtenido el padrón por medio de un pedido a la Gerencia de Normatización, que esa información había terminado en P&P y que la secretaria del funcionario había transmitido a la empresa instrucciones sobre cómo usar la base.
Esas circunstancias fueron confirmadas, en especial, por las declaraciones de Sonia Calza, una de las secretarias de Prieto, y de Palamidessi. Este último explicó que el beneficio de manejar la base de datos en forma integral es que pueden establecerse recortes determinados. Por ejemplo, todas las personas que ganan más de 3000 pesos y que tienen hijos.
En su declaración indagatoria, Prieto negó la maniobra y dijo que había solicitado la base de datos para controlar la información que contenía. Sostuvo, además, que los datos supuestamente traspasados a P&P no son confidenciales, dado que están en poder de todos los hospitales y de la Superintendencia de Servicios de Salud.
En la misma línea, Pizarro afirmó que esa información puede comprarse en la calle con facilidad y que también puede obtenerse a partir de programas «robot» que ingresan en cada uno de los campos individuales de la base. «El fallo me sorprende; no lo esperaba», dijo ayer a LA NACION.
En su declaración, Prieto admitió que conocía a Pizarro y que éste lo había contactado algunas veces para hacerle consultas sobre viñedos, ya que él tenía «amplio conocimiento» del tema. Entre las pruebas para el procesamiento, Ercolini tuvo en cuenta una encomienda que el empresario le mandó a Prieto, unas semanas después de la aparente operación, con una botella de vino de regalo.
