Miles de casos similares a éste pudieron haber ocurrido durante los últimos meses: la justicia federal investiga si desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se traficó a una empresa privada una base de datos con información confidencial sobre 12 millones de afiliados a obras sociales y beneficiarios de planes para desocupados.
Esos archivos contenían datos básicos de los empadronados, como nombre, número de documento y domicilio, y otros que sirven para establecer su perfil socioeconómico, como puesto de trabajo y cantidad de personas a cargo.
Después de más de un año de investigación y de un allanamiento en la sede central de la Anses, el juez federal Julián Ercolini citó a declarar como sospechosos del posible tráfico de información al ex gerente de Control del organismo Manuel Prieto; al actual gerente de Control Prestacional, Gustavo Xamena, y al empresario cordobés Diego Pizarro. Así lo informaron a LA NACION dos funcionarios que intervienen en el expediente.
Pizarro declarará hoy, y Xamena, mañana; Prieto, que también estaba citado para la semana que viene, pidió una prórroga y será indagado el 20 de abril.
El magistrado sospecha que a fines de 2004 los funcionarios de la Anses traspasaron (o vendieron) la base a P&P Datos, la compañía de Pizarro, con sede en la ciudad de Córdoba. P&P, también conocida como BDP SA, es una firma de evaluación de riesgo crediticio, actividad que en la Argentina se hizo famosa con la compañía Veraz.
El caso se conoce cuando el Gobierno intenta ordenar, a partir de la instrumentación del Registro Nacional de Bases de Datos, el uso indiscriminado de los datos personales. Aprobada hace más de cinco años, la ley de hábeas data fijó las pautas para «la protección integral de la información personal asentada en archivos, registros y bancos de datos públicos y privados».
P&P es una de las 900 empresas inscriptas en el registro nacional. En su página de Internet se promociona como la poseedora de «la mayor base de datos de la República Argentina», integrada por más de 30 millones de personas físicas y jurídicas.
Duras penas
Prieto y Xamena deberán responder por la posible violación del artículo 157 del Código Penal, que establece penas de hasta dos años de cárcel «para el funcionario público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos».
La causa se inició en febrero del año pasado por una denuncia de Guillermo Marijuán, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones sobre la Seguridad Social (Ufises).
El fiscal trabajó a partir de un sumario administrativo de la Anses, que se había abierto a raíz de una denuncia anónima por correo electrónico. Esas actuaciones terminaron con el apartamiento de Prieto de la Gerencia de Control (hoy cumple funciones administrativas en otro sector) y con una presentación del director de la Anses, Sergio Massa, ante la Ufises.
«Estamos a la espera de lo que diga la Justicia. Mientras tanto, lo que hicimos nosotros fue correr de esos sectores a las personas sospechosas y cambiar las claves de las bases de datos para mejorar el control», dijo Massa a LA NACION.
Xamena, sin embargo, hoy sigue ocupando un cargo jerárquico en la Gerencia de Control. Desde el sector de prensa de la Anses señalaron que no sabían que también Xamena era investigado y transmitieron que Prieto negaba las acusaciones, pero que, de ser declarado culpable, abandonaría su cargo en el organismo.
LA NACION se contactó tres veces con P&P para hablar con Pizarro, pero el empresario no respondió las llamadas.
Cuando la investigación llegó a la Justicia se confirmó que el autor de la denuncia anónima era Lautaro Palamideci, un empleado de la Gerencia de Seguridad Informática.
De acuerdo con la denuncia de Marijuán, tras obtener por vía legal varios CD con la base de datos, Prieto hizo consultas a los empleados del área de sistemas sobre el manejo de los archivos. En una ocasión, incluso, pidió a una de sus asistentes que le transmitiera telefónicamente las instrucciones a Pizarro, según relataron las fuentes.
Ante la Justicia, Palamideci declaró que les había llamado mucho la atención que, pese a la insistencia por conseguir la base de datos, Prieto no hubiera dado ninguna instrucción precisa sobre qué hacer con ella.
La investigación se coronó con otro indicio: a fines de 2004 llegó a la Anses una encomienda de P&P con una botella de champagne para Prieto. En una presentación espontánea, el ex gerente de Control admitió que mantenía una relación previa con Pizarro, pero negó haberle pasado la base de datos. Se hicieron allanamientos en la Anses y en la empresa cordobesa y se peritaron computadoras. Eso arrojó que en los archivos de P&P figuraba gran parte de la información de la Anses.
Por Gabriel Sued
De la Redacción de LA NACION
Qué dice la Constitución
* La protección de los datos personales tiene jerarquía constitucional en la Argentina. La Constitución Nacional, en el artículo 43, habilita a presentar una «acción expedita y rápida de amparo» a toda persona que quiera «tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes». Establece, además, que la acción de amparo también podrá ser utilizada «en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización» de esos datos personales.
Fuente:La Nacion
