Fallo a favor de un empleado Municipal,

Walter Luciani, dialogo con La Licuadora y señalo que obtuvo la pasada semana un fallo de la cámara de Apelaciones de la provincia de Tierra del Fuego, en contra de la suspención que se le impusiera desde el Ejecutivo Municipal. La sanción fue calificada de “arbitraria y carente de razonabilidad” por el alto Tribunal. El agente declaró que se siente perseguido por el Ejecutivo Municipal.

Río Grande.- Walter Luciani, fue suspendido en el año 2001, por el Intendente de la Municipalidad de Río Grande, ingeniero Jorge Martín. El empleado recurrió la decisión del ejecutivo en la instancia administrativa, sin obtener respuesta favorable, por lo que se dirigió a la justicia, obteniendo así auxilio en contra de la sanción que se le impusiera.
La Cámara de Apelaciones, Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la provincia de Tierra del Fuego, acogió el reclamo del empleado, resolviendo en fallo plenario, hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por Luciani y decretando la nulidad de la Resolución Municipal por la cual se sancionó al agente.
En los considerandos de la sentencia los jueces determinaron que el acto administrativo del intendente por el cual se impusiera la suspensión al agente “es arbitrario y carece de razonabilidad”, entre otras consideraciones que inclinaron la balanza a favor del apelante.
Walter Luciani se desempeñaba en la Dirección de Cultura de la Municipalidad, cuando, militando en el partido radical, e integrando una lista opositora al intendente, lograron introducir la minoría en elecciones partidarias.
A su vez, en calidad de empleado del municipio realizó declaraciones radiales respecto de supuestas irregularidades en el marco de la tercerización de trabajos que la administración encargaba a empresas privadas, hecho éste que le costó la sanción recurrida.
“Como empleado municipal veía que se tercerizaban muchos trabajos que podían realizar los empleados municipales”, comentó Luciani, informando acerca de los antecedentes a la sanción recibida.
“Un día veo que los Talleres Culturales iban a terminar saliéndonos cerca de un millón 100 mil pesos – dólares en ese tiempo; entonces hice un pedido de informes al Tribunal de Cuentas, porque el piso, la estructura, el techado, instalaciones de gas habían sido hechas por empleados municipales y tercerizaron el resto, una parte menor, que terminó costando esa suma”, continuó.
“Con posterioridad, el Tribunal de Cuentas me mandó documentación y desde una radio de Río Grande me llamaron para hablar de esa documentación y sobre lo que objetaba, lo que no gustó al secretario Pagella, y consecuentemente me aplicaron la suspensión”, agregó.
La sanción impuesta, en el marco de la 22140, del Régimen Jurídico de la Función Pública, encuadraba la conducta del empleado en: la falta de decoro fuera del ámbito de la Municipalidad, haber incurrido en conducta falta de respeto para con el intendente y utilizar la calidad de empleado municipal para sustraer información del Municipio.
“Nada de esto pasó, porque la información me dio el Tribunal de Cuentas y nunca hablé mal del intendente, porque lo que estaba poniendo en duda eran las obras”, argumentó Luciani.
“Lo que sucedió acá es que para que no los moleste más me sancionaron, me persiguieron, y hasta el día de hoy me siento perseguido por la administración”, expresó.
El empleado municipal recalcó, que si bien a momento milita en el mismo partido político que el intendente Martín, no forma parte de ninguna lista para Estatuyente, y no guarda intereses políticos en sus declaraciones.
Se manifestó interesado en el tratamiento de la Ley 22140, en la Carta Orgánica Municipal.
“Veo con sorpresa y me provoca dudas que ninguna lista a Estatuyente sea integrada por un empleado municipal, para que demuestre lo favorable que sería para nosotros que en la carta orgánica se establezcan algunas garantías, para que esto que me ocurrió a mí no vuelva a suceder”, agregó.
Las costas de la apelación, cuyo fallo favoreciera al empleado deberán ser abonadas con el dinero de los contribuyentes, quienes terminarán pagando los honorarios de los abogados intervinientes.
“No creo que sea la gente la que tenga que gastar plata en un capricho del secretario de Obras Públicas. Todo el mundo tiene derecho a trabajar y a pensar”, remarco Luciani.

loading...