Una controvertida concesión petrolera que fue frenada antes de concretarse

En el 2004, Energía le concedió dos áreas de exploración a la empresa Petrobras. Enarsa protestó, se pidió un dictamen y el procurador del Tesoro la anuló en el 2005.

Fernando Gonzalez.
fgonzalez@clarin.com
Es un escándalo puertas adentro de la Casa Rosada, pero hasta ahora se había mantenido en reserva. El 12 de noviembre de 2004, sólo un día después de la creación de la petrolera estatal Enarsa, la Secretaría de Energía de la Nación le adjudicó dos áreas para la exploración petrolera de la Cuenca Colorado Marina (ubicada en el mar Argentino, a la altura de Mar del Plata) a la empresa Petrobras Energía S.A. La resolución fue firmada por el secretario de Energía, Daniel Cameron, concediéndole a la filial argentina de la empresa brasileña Petrobras el 100% de la explotación de los bloques CAA1 y CAA8 (la denominación CAA significa Costa Afuera Argentina). Allí comenzaron los verdaderos problemas.

Sorprendido por la concesión completa de esas dos áreas marítimas a Petrobras Energía S.A., el presidente de la flamante Enarsa, Exequiel Espinosa, consultó a su superior, el poderoso ministro de Planificación, Julio De Vido. El planteo fue simple: si Enarsa había sido creada para que el Estado argentino compartiera la exploración energética con empresas privadas, ¿porqué apenas 24 horas más tarde una compañía había sido adjudicada con el 100% de dos áreas de exploración sin siquiera consultar a la flamante compañía estatal?

—Dejame que lo hable con Daniel—, fue la respuesta que De Vido le dio al atribulado Espinosa. De todos modos, el ministro hizo algo más que hablar con Daniel Cameron, el secretario de Energía. También le llevó el tema al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, porque este tipo de adjudicaciones por parte del Estado deben ser ratificadas por la Jefatura de Gabinete.

Fernández y De Vido analizaron la concesión completa de esos dos bloques de exploración a Petrobras Energía S.A. y coincidieron en una apreciación.

—El tema hay que pararlo—.

A los dos ministros les quedó la misma sensación después de estudiar las características de la adjudicación de esas áreas petroleras en alta mar. La operación podía convertirse en un escándalo. La sugerencia de Fernández fue elevar la concesión al Procurador General del Tesoro, el funcionario encargado de corroborar si las decisiones administrativas del Estado vulneran alguna ley.

El Procurador es Osvaldo Guglielmino, un abogado cercano al kirchnerismo que ya pasó por la Justicia. Apenas recibió el pedido de la Jefatura de Gabinete para dictaminar sobre la concesión, le pidió sendos informes a Enarsa y a Petrobras Energía S.A. sobre lo que ya se había convertido en una situación conflictiva. La Procuración del Tesoro emitió un dictamen el 12 de setiembre de 2005 otorgándole la «titularidad excluyente» de esas dos áreas pe troleras a Enarsa e invalidando la concesión de los bloques CAA1 y CAA8 a Petrobras Energía S.A.

De nada sirvieron los argumentos de la empresa brasileña al Procurador. Petrobras argumentó que en la ley 25.943 —que le dio nacimiento a Enarsa— se establece que la empresa estatal sólo tendrá la titularidad de los permisos de exploración sobre el total de las áreas marítimas nacionales «que no se encuentran expuestas o propensas a tales permisos a la fecha de entrada en vigencia de la ley». Y afirma que, como los dos bloques están sujetos a la expectativa de la ratificación de la resolución por la Jefatura de Gabinete, su titularidad no le corresponde a Enarsa.

Enarsa apeló al artículo 2 de la misma ley e interpretó que le correspondía la titularidad de los permisos de exploración de las dos áreas ya que, al entrar en vigencia la ley, «no estaban sujetas a permisos o concesiones».

Después de advertir que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación «no objetó» la concesión de la Secretaría de Energía a Petrobras, el Procurador dictaminó que «es evidente que la ley dispuso concederle a Enarsa jurisdicción sobre el territorio marítimo», y que de «aprobarse esa adjudicación, se estaría en presencia de un acto viciado en su objeto, porque se trataría de permisos de exploración sobre áreas marítimas que la ley reservó a Enarsa de modo excluyente» (ver facsímil).

Ese fue el final del capítulo para la controvertida concesión de esas dos áreas marítimas petroleras a Petrobras Energía S.A. Ante la consulta de Clarín, el secretario de Energía respondió que «ninguna empresa petrolera tenía perfeccionada a su favor la adjudicación de dichas áreas» (ver La respuesta…). En cambio, no hubo respuesta de Petrobras.

Se trataba de una operación ambiciosa. Sólo en exploración sísmica, la inversión proyectada para el 2006 era de 40 millones de dólares. Se calcula que en esa zona marítima, si se encuentran las reservas de gas que prevén algunos estudios, la inversión superará los US$ 1.000 millones en los próximos cinco años.

La caída del negocio no cayó bien en Río de Janeiro, donde Petrobras tiene su casa matriz. Ni bien se enteraron que la compañía no iba a disponer de esas dos áreas petroleras, sus directivos comenzaron a negociar la participación en un nuevo consorcio para esos dos bloques, esta vez en sociedad con Enarsa y la participación minoritaria de Repsol-YPF, el otro gran jugador del negocio energético en la región.

En los despachos del poder en la Argentina circula la misma pregunta. ¿Cómo es que el Gobierno estuvo a punto de darle la concesión total de dos áreas petroleras atractivas a una empresa cuando un día antes se había creado una compañía estatal para promover consorcios con el capital privado? Los documentos oficiales generan sospechas. La respuesta la tienen los protagonistas de esta historia que creció en silencio.

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