La causa por los sobresueldos del menemismo, a punto de prescribir

Es a raíz de un pedido de la defensa de dos de los procesados. El juez les daría la razón. El escándalo por los sobresueldos pagados durante el menemismo va camino a quedar en la nada. Las defensas de los únicos dos procesados plantearon la semana pasada la prescripción de la causa y el juez, Jorge Ballestero, accederá a esos planteos, dijeron a Clarín fuentes judiciales.

La decisión podrá no ser inmediata, pero parece inevitable desde que la Cámara Federal —el 28 de diciembre pasado— les otorgó a estas conductas la calificación legal más baja posible: malversación de caudales públicos.

La fiscalía había llegado a formular imputaciones contra treinta y siete ex funcionarios, ninguno actualmente en actividad.

En julio, Ballestero procesó al ex ministro de Defensa Oscar Camilión y a Rodolfo Aiello, ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete, por peculado. Esta figura se castiga con hasta diez años de prisión, mientras que la malversación de la que habló la Cámara, con un máximo de apenas tres. Estos topes son los que, a la vez, determinan la prescripción, el plazo que el Estado tiene para perseguir un delito. Para los ex funcionarios, ese tiempo empieza a correr desde que dejan la función pública.

Al anular los procesamientos sobre Camilión y Aiello, la Sala II de la Cámara mandó a Ballestero a resolver la nueva situación procesal de los acusados teniendo en cuenta la recalificación de los hechos.

Ahora, el juez no tiene más que dos opciones: puede procesarlos por malversación —ya no por peculado— y esperar que sus superiores les concedan la prescripción o hacer esto él mismo, como pretenden las defensas.

Planteos similares formularon los abogados de los ex ministros Domingo Cavallo, Raúl Granillo Ocampo y Elías Jassan. Ballestero los citó a indagatoria, pero los llamados quedaron en suspenso.

Este expediente —el 3.351/04 del Juzgado Federal 2— se inició el 23 de abril del año pasado por iniciativa del abogado Ricardo Monner Sans. Fue a partir de los dichos de un ex secretario privado de Raúl Granillo Ocampo, Raúl Martínez Medina, que declaró que él solía retirar sobres con 40 mil dólares por mes para su jefe.

Esto fue cotejado por diversos testigos y por ex funcionarios de Defensa y Economía. Hablaron de cifras similares y mecanismos parecidos: fondos reservados, valijeros, alegres sobres. En un primer momento, los pagos se imputaron a una ley secreta —todavía vigente— y luego, mediante un decreto, se los denominó gastos protocolares. El entonces director de la DGI, Carlos Tacchi, mandó a todo aquel que cobraba sobresueldos a consignarlos en sus declaraciones juradas patrimoniales.

En la causa judicial, la fiscalía —integrada por Paul Starc y Gerardo Pollicita— también pidió que fueran interrogados sobre estos cobros, entre otros, Eduardo Bauzá, Félix Borgonovo, Jorge Rodríguez, José Caro Figueroa, María Julia Alsogaray, Adelina Dalesio de Viola, Carlos Bastos y Ricardo Cossio.

Desde la oposición se les reclamaba que también pusieran el ojo en funcionarios kirchneristas que pasaron por el menemismo, como Alberto Fernández, Alberto Iribarne, Felipe Solá y Martín Redrado.

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