Embajador expresa preocupación por orden de captura Julio Gabito

El embajador de España en Bolivia, Francisco Montalván, se entrevistó hoy con el presidente del país, Evo Morales, para manifestarle la preocupación del Gobierno español en relación con las noticias de una orden de captura del presidente de la filial boliviana de la petrolera Repsol-YPF, Julio Gavito.

El embajador declaró a EFE que tanto el presidente Morales como los ministros de Obras Públicas y de Planificación, Salvador Ric y Carlos Villegas, respectivamente, con quienes también conversó, le manifestaron su sorpresa y preocupación por esa noticia, que no conocían oficialmente.

El español Julio Gavito, presidente de la empresa Andina, viajó ayer a España para preparar la próxima visita a Bolivia del presidente de Repsol-YPF, Antoni Brufau, programada para el próximo viernes.

Andina es una empresa formada a partes iguales por el consorcio hispano argentino Repsol-YPF y por el Estado boliviano, representado por las dos administradoras de fondos de pensiones del país.

El embajador español dijo que el presidente Morales le manifestó su preocupación por esta situación y declaró su mayor interés en tener excelentes relaciones con España y en solucionar los problemas con la petrolera filial de Repsol.

Asimismo dijo que existe la voluntad del mandatario boliviano de mantener las relaciones con España al más alto nivel, y también con Repsol-YPF, en el interés de negociar para llegar a un acuerdo sobre las nuevas condiciones de trabajo en el país andino.

Otras fuentes indicaron que la preocupación española es compartida por la Embajada de Argentina en La Paz, debido a que la empresa Andina es una dependencia directa de las oficinas de Repsol-YPF ubicadas en Buenos Aires.

La orden de aprehensión de Gavito fue dictada a pesar de la solicitud de los abogados de Andina, presentada el viernes pasado, para que el fiscal aplace la comparecencia del directivo debido a su viaje programado a España.

Gavito viajó precisamente para preparar la entrevista de Brufau con el presidente Morales, prevista para el próximo viernes en La Paz.

La Fiscalía de la ciudad de Santa Cruz es la encargada de investigar una denuncia de la Aduana boliviana por un supuesto contrabando de petróleo cometido por Repsol-YPF en el periodo 2004-2005, valorado en 9 millones de dólares.

Andina por su parte ha negado la acusación de contrabando de petróleo y ha informado de que la denuncia pudo tratarse de un error administrativo que no supone una violación de la legislación nacional en materia energética.

En la Policía Técnica Judicial de Santa Cruz se indicó que, además de Gavito, también se ha dictado orden de detención de Américo Díaz y Fernando Cabrera, funcionarios de la petrolera Andina.

Terra Actualidad – EFE

Un fiscal ordena la búsqueda y captura del representante de Repsol en Bolivia por el caso de contrabando

Un fiscal boliviano lanzó ayer sábado una orden de búsqueda y captura del representante de la compañía petrolera Repsol-YPF en el país andino, Julio Gavito, por el caso del presunto contrabando de 230.000 barriles de crudo entre junio de 2004 y junio de 2005, según informaron fuentes diplomáticas españolas.

La Embajada española está haciendo gestiones ante las autoridades de La Paz para mostrar «preocupación» por este caso que, en opinión, del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, «no contribuye a mejorar las relaciones» hispano-bolivianas.

Esta preocupación expresada por la Embajada se ha hecho dentro del «absoluto respeto a la independencia del sistema judicial boliviano», indicaron las citadas fuentes. La Aduana Nacional de Bolivia presentó esta semana una denuncia contra Andina, filial de la petrolera hispano-argentina Repsol YPF, por el citado presunto contrabando de unos 230.000 barriles de crudo por valor de 9,2 millones de euros (unos 7,7 millones de euros), así como la supuesta falsificación de documentos aduaneros.

Así lo confirmó el presidente la Aduana Nacional, Ricardo Alba, quien afirmó en un comunicado que el informe final del proceso de fiscalización a las exportaciones de petróleo entre junio de 2004 y julio de 2005 establece que hay «indicios de presunta comisión de delito de contrabando» de la petrolera Andina.

Además, aseguró que la Aduana Nacional envió oficialmente a Andina una copia del informe final en el que se establece la falsificación de documentos aduaneros, y anunció que presentará una denuncia de estos presuntos delitos al Fiscal Adscrito a la Aduana en el Distrito de Santa Cruz «para iniciar el proceso penal correspondiente».

Ante estas acusaciones, fuentes de la petrolera que preside Antonio Brufao aseguraron a Europa Press hace una semana que su filial Andina cumplió con la legalidad vigente en las exportaciones de crudo realizadas en Bolivia entre 2004 y 2005, con el pago de los impuestos y la presentación de los documentos correspondientes.

Andina, participada a partes iguales por Repsol YPF y el Estado boliviano, «ha pagado los impuestos correspondientes en todo momento y nunca ha existido alteración de documentos ni dolo», aseveró la petrolera, tras recordar su vocación de permanencia en el país y su voluntad de cooperar con el Gobierno para «encontrar fórmulas que permitan seguir avanzando en el bienestar de la sociedad boliviana».

Esta denuncia fue el segundo revés contra Repsol YPF desde que el pasado 21 de enero Evo Morales asumió el poder en el país andino. El primero fue por la inscripción a nombre del Estado boliviano de las reservas que la petrolera tenía a su nombre en varias bolsas internacionales, anunciada por el Ministerio de Hidrocarburos.

En España estan preocupados

LA PETROLERA, DENUNCIADA TAMBIÉN EN BOLIVIA
Diputados de izquierda denuncian en Argentina a Repsol-YPF por «posible fraude contable»

La Comisión Nacional de Valores de Argentina recibió una solicitud de «Afirmación para una República Igualitaria» (ARI), uno de los principales partidos de oposición, para que investigue al grupo petrolero hispano-argentino Repsol YPF por «posible fraude contable a sus accionistas». Según los denunciantes, la petrolera habría ocultado información adversa sobre sus actividades en Sudamérica, presentando datos erróneos con el objetivo de hacer subir el valor de sus acciones en las bolsas de valores de Buenos Aires, Madrid y Nueva York. La compañía se enfrenta también a una denuncia en Bolivia promovida por el Gobierno de Evo Morales por posible supuesto contrabando de crudo.
LD (EFE) Los diputados Eduardo Macaluse, Fabiana Ríos y Elisa Carrió, todos integrantes del partido izquierdista «Afirmación para una República Igualitaria» (ARI), han pedido a la Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV) que investigue al grupo hispano-argentino Repsol YPF por «posible fraude contable a sus accionistas».

Los miembros de uno de los principales partidos de oposición exigen conocer la posible «falsedad» de la información difundida a los inversores por la petrolera, que el pasado 26 de enero anunció una reducción del 25 por ciento en sus reservas de hidrocarburos, aunque la merma fue de un 42 por ciento para el caso argentino.

Según la presentación ante la CNV, la empresa habría ocultado información adversa sobre sus actividades en Argentina y Bolivia, presentando al mercado datos erróneos con el objetivo de hacer subir artificialmente el valor de las acciones de la compañía que se cotizan en Buenos Aires, Madrid y Nueva York. En el caso boliviano, los diputados destacaron que la empresa contabilizó como reservas probadas existencias que sólo eran probables.

El escrito presentado por ARI indica que fue tal el impacto del anuncio de reducción de reservas en los mercados de capital que cuatro despachos estadounidenses (Lerach Coughlin Stoia Rudman & Robbins, Charles J. Piven, Schatz & Nobel, y Schiffrin & Barroway) iniciaron demandas contra la petrolera y «posiblemente se estén iniciando otras demandas en plazas europeas».

Para los diputados, «la información provista por Repsol es materialmente falsa y engañosa dado que la compañía estaba materialmente sobredimensionando sus reservas probadas. La compañía admitió recién ahora que reducirá sus reservas probadas en un 25 por ciento y tomará un débito en los activos por daños de aproximadamente 50 millones de euros en 2005 y entre 160 y 170 millones de euros en 2006».

Los diputados señalan que «Repsol estaba sintiendo una presión política creciente en Bolivia», donde estaba teniendo dificultades en su producción de gas «que tendrían un efecto adverso en sus operaciones». Agregan que, por otra parte, «los contratos de Repsol con clientes existentes posiblemente no se extiendan debido a complicaciones en la extracción de gas de algunos campos en Argentina». Por lo tanto, el escrito concluye que la petrolera no tenía «bases razonables para sus declaraciones positivas respecto a la compañía y su perspectiva de negocios».

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