La causa fue elevada a juicio por el juez de instrucción Jorge Gorini y los imputados serán juzgados por los delitos de fraude contra la administración pública y abuso de autoridad, según informaron fuentes judiciales.
La investigación. La causa se abrió en marzo de 2001 por una denuncia de la entonces defensora del Pueblo, Alicia Oliveira, quien aseguró que varios funcionarios desviaban fondos mediante la entrega de beneficios dinerarios del «Programa Nuevos Roles Laborales».
Los subsidios debían ser destinados a jefes de familia desocupados de zonas de mayor vulnerabilidad social, pero se comprobó que iban a parar a estudiantes universitarios enrolados en Franja Morada.
Las maniobras. Aparentemente, esta era una forma de «clientelismo político», ya que algunos de los que cobraban esos planes los tenían que reintegrar a algún funcionario o puntero barrial.
Las maniobras se habrían concretado entre julio de 1999 y agosto de 2000 a través de la Dirección General de Microemprendimientos de la Secretaría de Desarrollo Económico y en algunos casos intervinieron organizaciones no gubernamentales.
Las asociaciones presentaban proyectos de trabajo para un determinado número de personas y pese a que éstas no cumplían ninguna tarea, recibían 200 pesos por mes durante seis meses.
Además, a las entidades se les otorgaban fondos adicionales para capacitación, que nunca se efectuaba.
Los acusados. De acuerdo con la acusación del fiscal Aldo de la Fuente, los imputados son ex el secretario de Industria, Comercio y Trabajo Rafael Kohanoff, el ex director de Microemprendimientos Miguel Ponce y el coordinador del programa laboral, Jorge Viscuso.
Los dos últimos tenían «la responsabilidad del manejo y administración del presupuesto asignado por el Gobierno porteño», indicaron fuentes judiciales, aunque también hubo otros involucrados en las maniobras.
Se trata del ex funcionario Carlos Di Stéfano, el ex defensor adjunto del Pueblo y ex subsecretario de Promoción Social Rafael Veljanovich y la asesora de prensa Natalia Gutenmayer.
El primero está acusado de haber concedido beneficios a las ONGs Asociación de Amigos de los Espacios Verdes, presidida por Alejandro Molinari Pandelo y a APROCIP, cuyo titular era Osvaldo Cuesta, ambos también imputados en el expediente.
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/744817
