La justicia de Tierra del Fuego analiza restituir al gobernador

USHUAIA.- Con una situación institucional muy delicada y un virtual conflicto de poderes en puerta, la realidad fueguina dejaba anoche pocas dudas de que la provincia atraviesa la mayor crisis política en mucho tiempo.

A los rumores que circulan aquí desde hace 48 horas sobre un fallo judicial inminente que restituiría el poder al gobernador suspendido, Jorge Colazo, se sumó la reacción de los legisladores que lo sancionaron, de desafiar al Superior Tribunal de Justicia local y apoyar al actual mandatario en funciones, el vicegobernador Hugo Cóccaro.

Frente a esta situación, ni los seguidores de Colazo ni los de Cóccaro descartaban anoche que hoy, cuando llegue aquí el mandatario suspendido procedente de la Capital, la provincia pudiera tener dos gobernadores que se arrogaran el poder.

Sin embargo, esto sólo sucedería si el inminente fallo del tribunal local integrado por los jueces María del Carmen Battaini, Ricardo Klass y Mario Arturo Robbio le diera la razón a Colazo. Se trataría de una medida judicial de no innovar. Varias fuentes de distintos sectores daban anoche por segura la versión.

Hasta anoche el fallo no había sido notificado.

Mientras todas las expectativas se centran en esa cuestión, la oposición política al gobernador desafió al propio Poder Judicial y aprovechó el fin de semana para cerrar filas detrás de Cóccaro, enfrentado con Colazo casi desde que llegaron al poder, en una alianza en la que el primero representaba al peronismo y el segundo al radicalismo.

El propio Cóccaro, ante la consulta de LA NACION, especuló con qué pasaría si un fallo beneficiara a su enemigo político.

“La Constitución está por encima de los fallos judiciales”, dijo en un abierto desafío al tribunal, mientras corrían versiones de pedidos de juicio político para los magistrados.

“Probablemente la Legislatura ignore el fallo, porque no se puede judicializar una cuestión política”, estimó Rubén Sciuto, presidente del bloque justicialista de la Legislatura y uno de los integrantes de la Sala Acusadora que suspendió a Colazo.

En el peronismo provincial, por medio de un comunicado oficial del partido y en la voz de sus legisladores, se defendió la sanción al gobernador y “apoyaron institucionalmente” a Cóccaro.

No fueron los únicos. Desde el Movimiento Popular Fueguino (la segunda fuerza detrás del PJ en la Legislatura) el intendente de Ushuaia, Jorge Garramuño, también apoyó a Cóccaro y dijo que un fallo cautelar en sentido opuesto “desconocería el mandato” constitucional.

Hoy, los intendentes Garramuño y Jorge Martín (de Río Grande), un radical enfrentado a Colazo, se reunirán con Cóccaro en una clara señal de apoyo político a la gestión que iniciará formalmente hoy.

A fondo

Con este escenario, fuentes cercanas a Colazo revelaron a LA NACION que el mandatario suspendido -que está seguro de que la Justicia lo favorecerá- analiza impulsar una revocatoria de mandato para todos los cargos legislativos y llamar a elecciones en los próximos 90 días para destrabar la situación. Está seguro de que conserva el apoyo popular y que volvería a ganar.

En rigor, es el mismo pedido que había hecho el ARI local, también enfrentado a Colazo, que reclamó revocatoria de mandato y llamado a elecciones, según explicó el jefe del bloque arista, Manuel Rimbault.

La segunda opción que analiza Colazo sería intervenir la Legislatura (integrada por 5 peronistas, 4 miembros del MPF, 2 aristas, 1 independiente y 3 del frente gobernante, uno de los cuales responde a Cóccaro), pero esto tendría más reservas, siempre según las mismas fuentes.

Ambas opciones son menos cruentas que una intervención provincial, que el presidente Néstor Kirchner no descarta si la situación se agrava.

La Carta Magna local no prevé en ningún caso que dos mandatarios puedan disputarse el poder. Sin embargo, hay dos antecedentes importantes.

El primero fue la suspensión, en los 90, del gobernador del MPF, José Estabillo, durante 60 días. Cumplido ese plazo, ese órgano consideró que no había pruebas para iniciarle juicio político y volvió a su cargo.

El otro fue en 2002, cuando el Concejo Deliberante de Tolhuin suspendió a su intendente, Adrián Fernández. Entonces, el mismo tribunal que hoy evalúa la situación de Colazo levantó la suspensión y lo restituyó.

Es en ese tribunal donde hoy se posarán las miradas de toda la isla.

Por Laura Capriata
Enviada especial

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