Desde 2000, cuando mediante la ley 460 el entonces gobernador Carlos Manfredotti (aliado de Carlos Menem) jubiló anticipadamente a una docena de los principales jueces de la provincia, que fueron reemplazados por otros, la justicia fueguina fue vinculada con el menemismo. Y uno de sus más férreos detractores fue Colazo, que llegó al poder hace casi dos años con un discurso «antiaños 90» y opuesto a Manfredotti.
Entre los jueces nombrados en aquella oportunidad están los tres magistrados que integran el Superior Tribunal de Justicia -el máximo órgano judicial de la provincia-, que acaba de reponer al gobernador. El fallo lleva la firma de:
María del Carmen Battaini: fue relatora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, primero con Mariano Cabaña Martínez y luego con Gustavo Bossert.
Ricardo Klass: abogado personal de Menem en varias causas importantes, entre ellas la de la muerte de su hijo mayor. También fue secretario de Justicia cuando Elías Jasán era ministro del área y abogado de Carlos Corach.
Mario Robbio: abogado de la Armada antes del golpe de 1976. Durante el gobierno militar fue jefe de asesores de la Secretaría de Información Pública y director de Canal 13.
Aunque el tribunal este año está presidido por Battaini (de reconocidos antecedentes judiciales), parece tener sin embargo en Klass a su líder político, según afirmaron numerosas fuentes consultadas por LA NACION.
Otro paso
El fallo del alto tribunal provincial, todavía provisional, corrió traslado sobre la medida cautelar pedida por Colazo al fiscal de Estado de la provincia, Virgilio Martínez de Sucre.
El fiscal fue secretario legal y técnico provincial cuando José Estabillo, del Movimiento Popular Fueguino, era gobernador, y desde allí pasó a la Fiscalía de Estado. Ya enfrentó tres juicios políticos en su contra, de los que fue absuelto, y se lo acusó porque no actuó de oficio en ninguna de las denuncias efectuadas contra la gestión de Manfredotti.
No es un secreto en la provincia que el presidente Néstor Kirchner llegó a analizar la intervención de la justicia fueguina, objeto de variadas denuncias por parte de particulares, políticos y organizaciones de la ciudadanía.
En este momento, por ejemplo, el ARI local, además de pedir la revocatoria de mandatos de todos los cargos ejecutivos y legislativos, reclama el desplazamiento de los jueces, a los que acusa de «responder al poder de turno», en palabras del jefe del bloque arista de la Legislatura, Manuel Rimbault.
Por eso ayer fuentes del oficialismo y de la oposición sugerían -bajo estricta reserva- que tal vez la restitución de Colazo fuera la última oportunidad de los tribunales provinciales para redimirse ante los ojos del Presidente, aliado de Colazo y tan enemigo como él de todo lo que suene a menemismo.
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