El Tribunal explicó que la deducción fue dispuesta por el Poder Ejecutivo para financiar la operatoria de la AFIP, sin que haya mediado ningún acuerdo por parte de las provincias. La deducción tampoco podía ser considerada una asignación específica de recursos coparticipables porque no había sido dictada de acuerdo a los recaudos exigidos por la Constitución Nacional.
Con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, el fallo explicó que al dictar el decreto, el Poder Ejecutivo había actuado sin autorización del Congreso Nacional para hacerloy que la Constitución no permite que el Poder Legislativo delegue al Presidente la facultad de establecer y modificar una asignación específica de recursos coparticipables.
