Así es, Sr. Presidente; el Gobernador de la provincia, quien dice haber sido bendecido para que sea “su” candidato a Gobernador en las próximas elecciones, se ha limitado a ser un mero continuador de las políticas economicistas y de ajuste que todo el país viene soportando desde hace largo tiempo. Aquí, en Tierra del Fuego, el adalid del mercantilismo y paladín de la corrupción institucional ha sido el Gobierno de Carlos Manfredotti y Daniel Gallo, autores del ajuste más salvaje que se tenga conocimiento en el país, involucrando en ello un recorte salarial para todos los trabajadores estatales que osciló entre el 30 y el 45 %. Ahora es Cóccaro quien pretende declarar una nueva emergencia económica para justificar un congelamiento salarial en pleno proceso de reactivación de la industria fueguina y de recuperación económica de la República.
Algo tienen en común: Manfredotti-Gallo llegaron al gobierno de su mano, Sr. Presidente, cuando fue Ud. garante del pacto con el Gobernador saliente José Arturo Estabillo; Cóccaro recibe hoy su bendición, presentándose como candidato en fórmula con la Diputada Rosana Andrea Bertone.
En este escenario político, la EDUCACIÓN PÚBLICA sigue siendo la variable de ajuste del presupuesto provincial; lejos de considerarse a la EDUCACIÓN como una INVERSIÓN, se la sigue considerando un GASTO, y el sistema educativo le sirve al gobierno sólo como garantía para realizar suculentos negociados con empresas constructoras y para ingresar a la planta política del Estado a lúmpenes y punteros políticos que perciben sus salarios con hs. cátedra.
“Ningún cambio en la EDUCACIÓN puede ser implementado sin los docentes ni contra los docentes”; estas palabras son de su propio Ministro de Educación, Lic. Daniel Filmus; pero lamentablemente no parece ser éste un principio abarcativo en la provincia de Tierra del Fuego ni es enarbolado por la Ministra de Educación de la Provincia, Prof. María Isabel Cabrera. Nada de ello se refleja en la política educativa llevada a cabo por este gobierno que se proclama Kirchnerista. Por el contrario, a pesar del constante incremento de matrícula, no se construyen nuevos establecimientos educativos que la contengan, ni se realiza el adecuado mantenimiento en los ya existentes, recurriendo sistemáticamente al Gobierno Nacional para paliar este déficit; respecto a esto, el Ministro Aníbal Fernández firmó un compromiso con la Provincia que aún resta cumplirse.
Los Trabajadores de la Educación también somos variable de ajuste toda vez que cerca del 25 % del plantel docente de la provincia se encuentra en un estado de absoluta precariedad laboral, similar a la de los contratos basura implementados por Cavallo en su momento, aquí bajo el título de “transitoriedad”. Y por si no alcanzara con eso, el salario de un maestro apenas alcanza a cubrir la mitad de la canasta familiar, sumergiéndolo bajo la línea de la pobreza establecida para este territorio; sostenemos que “el salario de un Trabajador debe cubrir el costo de la Canasta Familiar”, y este reclamo no escapa al resto de los Trabajadores de la Educación del país, y particularmente de la Patagonia.
Este Gobierno se caracteriza además por no cumplir con la Ley: no cumple con el mínimo impuesto por Ley para el Presupuesto Educativo Provincial, incumple los acuerdos alcanzados en el marco de negociación paritaria (incluso los Homologados por la Secretaría de Trabajo del mismo Gobierno), y no rinde cuentas ante la sociedad del destino de los fondos públicos, desviando cerca de 150 Millones de pesos de la inversión que corresponde a educación y más de 700 Millones de pesos que se adeudan al Instituto de Previsión para solventar con ello sus gastos de campaña y los sueldos de los funcionarios. Estos sueldos fueron DUPLICADOS en manifiesta connivencia con una “MAYORÍA AUTOMÁTICA” en la Legislatura, llevando el sueldo del Gobernador a $ 15.000, mucho más que el del Presidente y hasta 10 veces el salario de un Maestro (Ley Pcial. 732, promulgada por el Gdor. Cóccaro el 4 de Enero de 2007).
Sr. Presidente: no es éste más que el pensar y sentir de los docentes fueguinos que, gobierno tras gobierno, padecemos las acciones impunes de quienes no se responsabilizan por la Educación Pública, en el entendimiento que es la INDELEGABLE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO garantizar el derecho social a la misma. La soberbia del Gobierno Provincial ante nuestro reclamo sólo podrá ser modificada si el Estado Nacional toma cartas en el asunto e intercede para que los conflictos sociales en Tierra del Fuego puedan resolverse en forma favorable, para beneficio de los Trabajadores y de la Comunidad.
Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina
