El andamiaje legal y financiero que montó el ministro Julio De Vido para la construcción del Gasoducto Norte, comenzó a derrumbarse. Dos jueces federales trabaron la aplicación de la cuestionada Ley de Cargos Específicos que impulsó el hiperministro y se utilizó para financiar las obras y supuestos sobreprecios que habrían tenido como fin el pago de coimas millonarias.
En Tucumán, el juez federal Mario Racedo, le ordenó al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Planificación, a la Secretaría de Energía, al Enargas y a “la persona del Ministro Sr. Julio de Vido” que se abstengan de cobrarle a Papelera Tucumán —del ex presidente de la Cámara de Diputados, Alberti Pierri— el cargo fijo de $0,95 por metro cúbico de gas que se destina a financiar la obra.
Y también el juez federal de San Martín Carlos Luft, hizo lugar a una medida cautelar similar de la Cooperativa de Trabajo San Justo. Luft consideró que la aplicación del cargo es “inaceptable” porque representa un impuesto y por lo tanto no puede formar parte de la tarifa. De quedar firme este argumento, la Ley de Cargos Específicos con la que el Gobierno pretende financiar el Plan Energético Nacional, sería inconstitucional.
