Esta semana los fueguinos nos preparamos para asistir a un nuevo y enorme retroceso en la calidad de nuestra democracia. Es que tanto la Legislatura Provincial como la Cámara de Diputados de la Nación intentarán, por distintas vías, silenciar a la oposición. La increíble Legislatura de nuestra Provincia, llamando al orden al Legislador Manuel Raimbault por haber osado cuestionar los mecanismos, si es que estos existen como tales, con que se designan los jueces en la Provincia y que han dado a luz a magistrados de la talla de Klass, Robbio y De Gamas Soler. Y la Cámara de Diputados, que ya reglamentó los Decretos de Necesidad y Urgencia para seguir usándolos a discreción y ahora intentará la modificación de la Ley de Administración Financiera para que el Ejecutivo pueda modificar, sin ningún tipo de controles, el Presupuesto Nacional, tarea propia del Poder Legislativo.
Cuesta entender el sentido de la concentración del poder cuando, como en el caso del Presidente Kirchner, tiene ya mayoría en la Cámara, gracias a la invalorable ayuda de un sector del duhaldismo que, acuerdos mediante, como la designación de Graciela Camaño como vice-presidente 3era del cuerpo, se ha alineado totalmente con el bloque kirchnerista.
Algunos creen entonces, con cierta lógica, que el vaciamiento del congreso tiene por objeto más que acallar a la oposición, alinear a la propia tropa. Es que concentrando el manejo absoluto de los fondos públicos, de una vez y para siempre, el Gobierno Nacional se garantiza la obsecuencia permanente de los legisladores propios, de las distintas Provincias. Así, para obtener obras o para que no se las quiten, las negociaciones no se agotarán en la discusión del Presupuesto Nacional, una vez por año, porque a partir de ahora una obra o una asignación presupuestaria se le puede dar o sacar a una Provincia en cualquier momento del año con una simple bajada de pulgar del Presidente. De este modo se consolida una forma de hacer política donde los legisladores ya no discuten políticas para la Nación ni representan al pueblo o a sus provincias sino que “gestionan” fondos, a cambio de apoyo incondicional, dando ese espectáculo denigrante de sumisión que da vergüenza ajena.
Otros sostienen que este tipo de medidas le permiten a Kirchner tomar él todas las medidas cuya aceptación popular esté garantizada de antemano, haciendo pasar por el Congreso para que pague los costos, aquellas medidas más resistidas por la sociedad. Es decir, si hay beneficios directos para la población, sale por decreto. Si puede haber chisporroteos pero el Gobierno lo necesita, sale por Ley.
La división de poderes es lo opuesto a la concentración de poderes. Esta última supone un peligro ya que aunque provenga de la voluntad popular mayoritaria, el poder debe tener límites para no convertir a la sociedad en un conjunto de esclavos dependientes de la voluntad absoluta de un amo.
Es cierto que el Presidente se vale de la deslegitimación bienganada del Parlamento para avanzar con su proyecto hegemónico. Y sobre la base de ese descrédito no busca, está claro, contribuir a una mejora de las instituciones sino, por el contrario, terminar de destruirlas. Lo mismo que en la década del 90, el mal funcionamiento de algunas empresas del estado justificó su liquidación en lugar de su mejoramiento.
En Tierra del Fuego también las mayorías conseguidas vía alianzas de hecho intentarán censurar a las minorías, cuyas críticas, incómodas para el poder pero necesarias para el sistema, los ofenden en nombre de un buen nombre que hace rato que ya no tienen ante la sociedad.
Así nuestra democracia que ya lleva 23 años de nueva vida no logra despegar de dos nefastas prácticas dictatoriales: el decreto-ley, padre directo de los D.N.U. actuales y la censura, devenida ahora en cuestión de “privilegio”.
Si todo esto puede avanzar o no dependerá de la indiferencia o indignación de la sociedad. Es que en definitiva creo cierto aquel dicho que reza que el mundo está como está, no por la acción de los malos sino por la indiferencia de los buenos.
