Según lo determinado por una investigación de la Universidad de Belgrano, de la ciudad de Buenos Aires, durante 2010 las casas de altos estudios argentinas titularon a 24 ingenieros en petróleo y 10.258 abogados. Si esas cifras no revelaran por sí mismas una grosera incongruencia, debería agregarse que sólo 27 de cada 100 ingresantes a la universidad pública logran recibirse, la mitad que en Brasil, mientras 59 de cada 100 egresan en Chile, país este último que registra uno de los sistemas educativos más injustos de la región. Apenas un poco mejor, las privadas nacionales muestran cuatro egresos por cada 10 ingresos.
Pero esas cifras, que no deberían alimentar viejas discusiones sobre la vigencia de la universidad pública libre y gratuita, adquieren mayor significación a la luz de los datos presupuestarios de los últimos años. Se dice, y con razón, que las universidades argentinas transitan un inédito período de bonanza, dejando atrás períodos de recortes de fondos que convirtieron a los distintos rectores en peregrinos mendicantes obligados a hincarse en despachos metropolitanos.
Sólo en el quinquenio 2006-2010, el presupuesto se incrementó en un 220 por ciento, lo que en no pocas casas de estudios se tradujo en un festival de obras edilicias, algunas de ellas quizá
no del todo justificables en términos de necesidades físicas.
En las últimas dos décadas, muchas de esas mismas universidades han ido descendiendo posiciones en cuanto a parámetros de calidad y cada nueva evaluación las encuentra un poco más desacomodadas en relación con sus pares en el mundo, lo que lleva a pensar que nunca ocuparon el lugar que se les suponía o en algún momento equivocaron el rumbo. Lo cierto es que la ecuación de altos presupuestos y bajo rendimiento dista de ser la ideal y requiere no sólo de alguna explicación con carácter de diagnóstico sino también de una pronta política que empiece revertir la tendencia.
Hoy, los claustros muestran una partidización que distrae de objetivos centrales y exhiben también escasa vocación autocrítica, a la vez que el sueño de los estudios superiores al alcance de los hijos de los obreros, antes que utópico, luce imposible: las casas de estudios nunca se adecuaron a las necesidades de quienes deben trabajar para costear sus carreras, a la vez que se burocratizaron hasta el paroxismo.
Alguna vez las universidades deberían plantearse cuántos profesionales y de qué cuño requiere el país, eludiendo discusiones maniqueas, para que la gratuidad de los estudios superiores deje de ser una injusticia para muchos que nunca serán universitarios ni verán a sus hijos en condición de tales. Y las universidades deberán ofrecer resultados para que los ciudadanos corrientes, los que la sostienen día a día, sientan que su esfuerzo ha valido la pena.
Fuente:lavoz.com
