El fenomenal escándalo que estalló días atrás por los presuntos negocios millonarios que habrían operado Néstor Kirchner y el empresario santacruceño Lázaro Báez, este en carácter de supuesto testaferro del expresidente, vigoriza la mirada sobre un flagelo que para la sociedad ha dejado de ser sólo una sensación: la corrupción en todos los niveles del Estado.
Denuncias de coimas, de sobornos, de facturaciones con sobreprecios de bienes públicos y la proliferación de empresas fantasma que mueven sumas impensadas de dineros de dudosa procedencia, han desbordado el mapa de la corrupción en el país. La comunidad asiste azorada a esta cadena de irregularidades que, si bien tienen orígenes de vieja data, se han profundizado al cabo de 10 años del gobierno kirchnerista en la poltrona del poder nacional.
La presidenta Cristina Fernández ha dicho en varios de sus mensajes que el tiempo transcurrido con ellos en el Gobierno ha sido una “década ganada por los argentinos”; pero la realidad no es tan auspiciosa como indica su relato y la corrupción palpable es una herida que no deja de supurar y que compromete a los más altos funcionarios de la administración.
Sería más prudente y sensato concluir que la corrupción le ha ganado de manera rotunda a la transparencia que debe signar los actos de gobierno. La figura del expresidente Kirchner ha quedado severamente dañada luego de las revelaciones por presunto lavado de dinero, un caso que tiene como principal implicado a su amigo Lázaro Baez, aunque la Justicia lo mantiene por ahora a salvo pese a las sospechas que carga este empresario desde hace años.
Otras figuras igualmente desacreditadas y denunciadas por conductas ilícitas siguen sin ser molestadas por los jueces, como el vicepresidente Amado Boudou, involucrado en el sonado “caso Ciccone”, y el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, quien tiene una carpeta de denuncias en su contra por haber supuestamente recibido dádivas durante su función como secretario de Estado y por presunto enriquecimiento ilícito. Una especie de válvula de escape resultó la exministra de Economía Felisa Miceli, condenada por la Justicia a raíz de la bolsa con dinero que se halló en el baño de su despacho. Pero nada más.
La corrupción es uno de los males que afecta a la democracia argentina (a poco de cumplirse 30 años de su recuperación) y por lo cual la clase política y los funcionarios públicos de todos los niveles han quedado relegados en la consideración que la sociedad tiene sobre ellos. De hecho, el principal resorte para desterrar estas prácticas y castigar a los responsables es la Justicia. Pero el desafío será posible sólo con el aporte de jueces probos y comprometidos con la transparencia y no por magistrados que responden a los intereses de los poderes de turno.
Fuente:lavoz.com.ar
