Un funcionario público o un legislador tiene derecho a gozar de vacaciones durante el año, pues el ocio y la posibilidad de viajar son una forma de aliviar las tensiones que sufren las personas que están ocupadas.
El problema, o el debate, en definitiva, no es ese. Se trata de la cantidad de días que utilizan autoridades, diputados y senadores durante el año, que exceden en mucho a las jornadas de descanso de que goza un trabajador, sometido a un estrés mucho mayor para enfrentar los problemas cotidianos.
La otra cuestión es que, por lo general, se oculta que el funcionario o legislador está de vacaciones. En pocas palabras, todos tienen derecho a un receso anual; lo que corresponde es que se fije en público la cantidad de días de vacaciones y que se informe que el presidente, el gobernador, el intendente o el legislador se encuentran haciendo uso de esas jornadas.
Estas dos cuestiones subyacen en lo que ha sucedido con el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien se hallaba en un complejo privado en Trancoso, Brasil, cuando se produjo la trágica inundación en la Capital Federal; con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, quien estaba en París; y con Sergio Massa, intendente de Tigre y aspirante presidencial, quien descansaba en Miami, para señalar sólo los casos más emblemáticos. El intendente de Córdoba, Ramón Javier Mestre, se hallaba en Estados Unidos, pero recién se conocieron los detalles de su “intensa actividad” una vez que se produjo el incendio intencional de 10 unidades de la empresa municipal de transporte (Tamse).
Párrafo aparte merece el intendente de La Plata, Pablo Bruera, en cuya cuenta personal de Twitter se publicó una foto y la afirmación de que estaba trabajando junto con los damnificados desde el martes a la noche, cuando en realidad regresó desde Brasil el miércoles por la mañana. Fue una mentira atroz. En su municipio se verificaron 51 muertes y miles de habitantes perdieron su vivienda y sus pertenencias.
La clase política está rindiendo exámenes no sólo en su sinceridad pública, sino también en cómo usa los millonarios fondos del Estado. La presión fiscal es récord (nunca se recaudó tanto en materia impositiva). Sin embargo, los servicios de emergencia carecen de equipos humanos y materiales para enfrentar las catástrofes, el transporte de pasajeros no está dotado para brindar un servicio seguro, la atención de la salud se ha deteriorado en los hospitales. En síntesis, el aparato estatal ha sumado funciones, pero no ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos.
Esta es la verdadera tragedia que no puede resolver la clase política argentina, más allá de ocultar que disfruta de vacaciones incontables, en muchos casos en sitios que no podrían pagar con sus sueldos oficiales.
Fuente:lavoz.com.ar
