Los habitantes de las Islas Malvinas se manifestaron de manera abrumadora a favor de que se mantenga el estatus político del archipiélago como territorio de ultramar de Gran Bretaña, al cabo de un referendo que la Argentina rechazó y tachó de ilegal desde su puesta en marcha, a mediados de 2012.
Más allá del estallido triunfalista de los malvinenses por un resultado que estaba cantado de antemano, es preciso resaltar que, desde el punto de vista del Derecho Internacional, esa consulta no modifica la situación en cuanto al legítimo reclamo argentino de soberanía.
El referendo había sido descalificado no sólo por el Gobierno nacional, sino también por las Naciones Unidas, que en sucesivas resoluciones llamó al diálogo entre las partes como única forma de resolver un litigio centenario.
Hay sobradas razones para relativizar la movida malvinense en las urnas. La propia Cancillería argentina argumentó que no se puede hablar de autodeterminación cuando se trata de una población “implantada por la fuerza tras una usurpación de territorio”.
Otros especialistas clarificaron el escenario en igual sentido. El dirigente del radicalismo Rodolfo Terragno sostuvo al respecto: “Argentina siempre dijo que los isleños no podían participar de las negociaciones porque se trata de un diálogo bilateral, en el que hay sólo dos partes: Argentina y el Reino Unido. Los isleños son británicos, por lo tanto no son una tercera parte y no tienen derecho a la autodeterminación”.
Por otra parte, medida desde la política de entrecasa de Londres, uno de los gestores de este referendo fue el primer ministro inglés, David Cameron. Jaqueado por la crisis que golpea en toda Europa y por una caída vertiginosa en la consideración pública, Cameron se colocó como fogonero de la consulta popular en Malvinas, aun con amenazas de militarizar la zona ante una más que improbable avanzada bélica argentina. Una estrategia dirigida a recuperar vuelo propio y llamar la atención de foros internacionales que ya se han pronunciado de manera enfática por la única vía posible en este conflicto: el diálogo y las negociaciones diplomáticas.
Ahora bien: ante un eventual progreso de las negociaciones (en Londres, algunos parlamentarios opositores hablan de una soberanía compartida) Argentina tendría que dejar de enredarse en los cruces verbales y pergeñar una política de Estado frente a un futuro que la coloque como parte administradora de las Islas Malvinas.
Es cierto que la intransigencia británica pone dudas sobre un pronto desenlace del conflicto que vaya en línea con los reclamos argentinos; pero la causa Malvinas, como razón de Estado, debe comprometer al Gobierno nacional en la planificación de políticas a largo plazo que se puedan mostrar al mundo ante un eventual cambio del actual escenario.
Una versión de este artículo fue publicada en la edición impresa del Miércoles 13 de marzo de 2013.
Fuente:lavoz.com
