Por momentos, la dirigencia argentina parece no haber aprendido de los errores del pasado y da señales de preferir el enfrentamiento a la búsqueda de soluciones consensuadas que permitan recuperar el crecimiento económico. Ante tal encrucijada, la mayor responsabilidad corresponde al Gobierno nacional, que parece alentar otro conflicto con el campo.
Sucede que la presidenta Cristina Fernández y sus funcionarios han tomado nota de la fenomenal caída que registran las reservas del Banco Central, entidad que desde que se instrumentó el cepo cambiario –el 31 de octubre de 2011– resignó ingresos por más de 22 mil millones de dólares. En números globales, el ente monetario destinó del superávit comercial casi ocho mil millones de dólares al pago de deuda y otros casi 15 mil millones se perdieron como fuga de capitales. Hoy, las reservas líquidas del Banco Central están por debajo de los 42 mil millones de dólares.
La posibilidad de que ese monto sea insuficiente para atender los pagos de la deuda pública –que deberían surgir de ahorros del Tesoro nacional y no de las reservas del Banco Central– y la demanda de particulares llevó a los hombres del Gobierno a imaginar alternativas con el objetivo de captar una mayor renta del campo. Entre ellas, se menciona la posible recreación de una especie de Junta Nacional de Granos u otras medidas de intervención para que los productores vendan los granos que supuestamente retienen en sus establecimientos como un modo de ahorro.
Para desprestigiar al productor agropecuario, desde el oficialismo y de los medios de comunicación afines se insiste peyorativamente en la frase “la están juntando con pala”.
Nada más alejado de la realidad, como lo demuestran los estudios técnicos de las entidades agropecuarias. Por caso, el exvicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas Néstor Roulet señaló en un informe que los productores ya tienen comprometido el 56 por ciento de la próxima cosecha de soja (unos 28 millones de toneladas) para hacer frente a los gastos en semilla, implantación, fertilizantes y otras actividades propias de la agricultura, además de afrontar el pago de deudas del ciclo anterior, caracterizado por una fuerte sequía.
El Gobierno pretende quedarse con una tajada mayor y para ello no repara en políticas que fracasaron en el pasado. Desde el campo, a su vez, se mencionan propuestas que podrían colocar al país y a la industria agroalimentaria al borde de la parálisis, como la iniciativa de suspender la comercialización de soja por seis meses.
Es cierto que la dirigencia ha perdido grandes cuotas de racionalidad y, por momentos, parece querer situarse al borde del precipicio para imponer su propuesta. La primera responsabilidad para recuperar la cordura compete a las autoridades, pero los representantes del agro no pueden esconderse detrás de amenazas irresponsables.
Fuente:lavoz.com
