A partir de allí, el Gobierno provincial con el aval otorgado por la Justicia, comienza a ejercer su derecho de administrar los montos de coparticipación creando un fondo común para la educación.
La aplicación de una Ley se corresponde con un dictado de la Justicia que es un poder autónomo, independiente de los demás poderes que conforman un Estado Democrático. En este caso particular el Gobierno provincial aplica la ley 648 en función a la sentencia del Superior Tribunal de Justicia.
Por lo tanto, los fondos en cuestión que eran erróneamente coparticipados vuelven a su administrador original, de aquí se desprende el uso inapropiado del término “descuento”, que se inscribe en el marco del discurso que se pretende instalar. No se trata de una quita en los ingresos municipales sino más bien de la vuelta a sus orígenes de los mismos fondos en cuestión.
Un Estado de Derecho posibilita la concurrencia a cualquier estamento desde donde se administre la Justicia, ya sea para pedir que un derecho se cumpla o, entre otras cuestiones, para que la Justicia se expida frente a un caso particular, sobre el cual hay varias posiciones encontradas.
Cuando el Superior Tribunal falla en torno a la Ley 648, en el apartado tercero de la sentencia, confirma lo presentado por una de las partes:
