En su discurso del viernes pasado, la presidenta Cristina Fernández les trasladó a los consumidores la responsabilidad de controlar que las empresas y los comercios no aumenten los precios, como si no se tratara de una obligación indelegable del Estado en un escenario de creciente inflación.
La comparación fue inevitable: el mensaje presidencial pronunciado en la Casa Rosada se pareció más a un consejo de la titular de la Liga de Amas de Casa, Lita de Lázzari, que al de una jefa de Estado que debe velar por el derecho de los consumidores en un marco de escalada de precios que sacude la canasta básica de alimentos.
Son las políticas oficiales las que golpean en la economía hogareña, en función de lo cual no se puede esconder la realidad con un simple llamado a hacerles un “vacío” a los formadores de precios. La Presidenta recreó el estilo de su difunto marido, Néstor Kirchner, cuando en 2005 convocó a hacerle un boicot al incremento de los combustibles de la petrolera Shell.
Es el Gobierno –y de manera específica la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, el responsable de encontrar herramientas para morigerar los efectos dañinos que la espiral inflacionaria va causando en los bolsillos de los argentinos.
Más aún cuando, aparte de las subas de costos en mercaderías insustituibles de la mesa diaria, desde el propio Gobierno se aumentan los impuestos y se da vía libre a incrementos en los servicios como el gas, la electricidad, el agua y el transporte público, por mencionar algunos.
Es necesario atender a las reacciones de las organizaciones involucradas para dimensionar el malhumor que desató el aludido mensaje de la Presidenta: “A la inflación no la resuelve el consumidor, sino que tiene que ser enfrentada por políticas públicas estables”, dijo con razón Martín Muiño, de la Unión de Consumidores de la Argentina.
Sería prudente que antes de pedirle a la gente que camine para conseguir mejores precios y ofertas en las góndolas, la jefa del Estado leyera las evaluaciones que dan cuenta de un marcado deterioro del poder adquisitivo. También, que reconociera que los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) no reflejan las dificultades con las que tropiezan millones de argentinos para acceder de manera digna a bienes y servicios públicos.
Por lo demás, es una constante que la Presidenta se refiera a la situación de crisis que viven países de Europa para intentar poner a la Argentina como un ejemplo de bonanza.
En la relación precios-salarios y en el marco de las inminentes negociaciones paritarias, el Gobierno y los empresarios tendrán que ponerse de acuerdo para evitar que los consumidores se lleven la peor parte en una economía inestable e impredecible.
Fuente:lavoz.com.ar
