La modificación impositiva establece un incremento en la alícuota de ingresos brutos del 1 por ciento, fondos que serán destinados a financiar los servicios esenciales que presta el Estado provincial. Además, se dejó sin efecto la tasa cero a la mayoría de las actividades.
Quedaron exentas del pago de la alícuota adicional, todas las ramas de la industria radicada bajo la ley 19.640; los contribuyentes ingresados al régimen simplificado (cuya facturación anual no supere los 500 mil pesos anuales); las actividades en las cuales por la aplicación de pactos o convenios ratificados por el Ejecutivo se establezcan tasas máximas (actividad petrolera); o las que estén eximidas del pago por leyes nacionales o convenios rubricados por la provincia (por ejemplo la obra pública con financiamiento nacional).
Durrieu explicó que este nuevo esquema impositivo “es muy importante para las finanzas provinciales, para poder recuperar el equilibrio dentro del contexto de la ley presupuestaria que modifica la ley 648”.
Para el funcionario, la reforma tributaria es “muy equitativa” y refleja “el trabajo realizado en Comisión de la Legislatura y el Consejo Económico y Social” y significará “un avance trascendental en la Provincia que no podía seguir desfinanciada”.
Respecto al incremento en el valor del impuesto inmobiliario rural – aprobado por votación unánime de los parlamentarios – se estableció un tributa que irá de 2 a 7 pesos, dependiendo de la cantidad de hectáreas de cada establecimiento, así como también de la aplicación de un factor correctivo.
En tanto, los pequeños contribuyentes podrán acceder al régimen simplificado de ingresos brutos, siempre que no superen un tope de facturación de 500 mil pesos por año.
Finalmente, fueron gravados con un 6 por mil los cargos para compras realizadas con tarjeta de crédito.
