La Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), dependiente del Ministerio Público Fiscal, presentó una investigación que demuestra, de manera concluyente, que en nuestro país no hay trata sin apoyo de organismos estatales, sobre todo sin el apoyo de las fuerzas de seguridad.
El estudio analizó expedientes judiciales sustanciados entre 2008 y 2011 y publicaciones de la prensa gráfica entre 2007 y 2010, e incluyó entrevistas a funcionarios y organismos no gubernamentales relacionados con esta problemática.
Son las fuerzas de seguridad, señala el informe, las que “protegen, favorecen, moldean y alientan la actividad”, que cuenta, a nivel local, también con sostén judicial.
Esta connivencia traba la investigación de los delitos relacionados con la trata de personas y permitiría explicar los defectos de procedimientos que suelen dificultar la tramitación de las causas judiciales.
El juicio por la desaparición de Marita Verón, a cargo de la Sala II de la Cámara del Crimen de Tucumán, que terminó con la absolución de los 13 imputados, generó una fuerte indignación social, que se expresó en las calles de muchas ciudades del país.
¿Representan esta causa y su sentencia un ejemplo paradigmático de lo que la Ufase afirma en su investigación? Sobre el fallo en sí, habrá que leer en profundidad los fundamentos, ya que no siempre los reclamos sociales se corresponden con las constancias en los autos judiciales. Pero está claro que todos los poderes del Estado y en sus distintos niveles deberían redoblar sus esfuerzos para despejar las dudas presentes, pasadas o que puedan surgir a futuro. Porque parece no haber localidad argentina que esté libre de este doble flagelo: la trata de personas y la corrupción que anida en diferentes despachos estatales y la hace posible, al asegurarles a los victimarios un manto de impunidad.
Susana Trimarco, madre de Marita Verón, y algunas mujeres que fueron víctimas de la trata y que dieron su testimonio, han logrado un conocimiento sobre este delito que las autoridades no deberían desestimar.
Así como en el campo educativo suele decirse que se debe aprender del error, en este caso podría decirse que se debe aprende a partir del sufrimiento: por sus dramáticas experiencias, estas mujeres –sean víctimas, sean familiares de las víctimas–, aunque les disguste a las autoridades, pueden detectar el mal funcionamiento de una secretaría –como acaba de pasar en la provincia de Córdoba– o las contradicciones de una ley, como la que, finalmente, se apresta a tratar la Cámara de Diputados de la Nación.
Estas mujeres deben ser escuchadas, no utilizadas políticamente. Porque el país necesita con urgencia medidas que tengan verdadera capacidad de poner fin a esta tragedia cotidiana.
Fuente:lavoz.com.ar
