El Gobierno nacional reconoce que carece de los capitales necesarios para realizar las inversiones que requieren las empresas públicas o para emprender proyectos que supongan retornar al crecimiento económico.
Esto está claro, por caso, en las inversiones por 12 mil millones de dólares que son imprescindibles para que YPF alcance la producción necesaria de petróleo y gas que suplanten importaciones por un monto similar.
La administración de Cristina Fernández requiere de inversores extranjeros que hasta ahora son renuentes a aceptar las condiciones que impone el Gobierno.
Un espíritu crítico al desarrollo del capital privado, al que se pretende controlar y limitar en su rentabilidad –lo que es ajeno al principio de una sociedad capitalista como la argentina– desmorona la confianza de los inversores.
Este panorama se repite ahora con la reforma del mercado bursátil, que apunta a un mayor control del capital privado y a una intromisión en sus negocios.
Aunque todo sistema es perfectible, no hay datos concretos de perjuicios a los ahorristas o inversores por malas prácticas bursátiles que justifiquen la iniciativa oficial.
¿Qué es, entonces, lo que se pretende con el proyecto de ley que el Senado, a instancias del kirchnerismo, aprobará el próximo miércoles? Que toda emisión de acciones, cotización en el Mercado de Valores o endeudamiento de las empresas sean aprobados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que carece de los recursos técnicos para esos objetivos y, en cambio, sí posee mucha vocación de control político.
Eso explica la introducción de último momento en la iniciativa de un cambio en su articulado, cuando fue tratada el miércoles último por la Cámara de Diputados de la Nación.
Allí, se agregó un artículo que autoriza a la CNV a designar veedores en las empresas y a separar los organismos de conducción ante supuestas falencias, que no serán otras que la decisión de coartar los negocios privados e intentar orientarlos hacia donde la planificación estatal considere necesario.
Esta planificación centralizada, bajo la supervisión política, ya fracasó en los expaíses comunistas, y prácticamente no existen administraciones que adhieran a este esquema económico.
Convendría recordarles a los defensores de la planificación centralizada y a los obedientes legisladores oficialistas que sus modelos de negocios no se aplican ni siquiera en Brasil, pese a que la presidenta Dilma Rousseff tiene formación en las teorías de izquierda, aunque adopta decisiones alineadas con la sensatez de un capitalismo moderado y no de un Estado asfixiante.
Todo esto sin llegar a la maquiavélica suposición de que el proyecto y su articulado se redactan con el no declarado objetivo de atacar e intervenir empresas que no responden a los dictados del gobierno kirchnerista.
Fuente:lavoz.com
