RIO GRANDE.- El Concejo Deliberante celebró ayer, la 4 Sesión Ordinaria del presente período legislativo. La misma comenzó pasada las 14 horas en el edifico legislativo y estuvo presidida por el presidente a Cargo del Cuerpo José Ojeda y los Ediles, María Paz, Gustavo Longhi, Fernando Baccichetto y Andrea Barra.
Previo a la aprobación del Diario de Sesiones y el Orden del Día, el Concejal Gustavo Longhi y la Concejal María Paz, izaron el pabellón Nacional y entonaron en la sala las estrofas del Himno Nacional Argentino con lo cual se dio inicio a la labor parlamentaria.
Si bien durante la misma se analizaron y aprobaron una cantidad importante de proyectos de Ordenanzas, el centro de la escena era el análisis y la aprobación del asunto parlamentario Nº 360 que estipulaba la resolución que había tomado el Cuerpo para la suspensión del secretario de Finanzas de la Municipalidad José Labroca, por considerar que había cometido una “falta grave” al no asistir a la sesión especial para ser interpelado por los Ediles.
A esta situación conflictiva, se le sumo , el pedido de no innovar que elevó el Juez en lo laboral López Tilli, para que el funcionario comunal no sea suspendido ya que entendía que se “afectaba el derecho alimentario de un empleado municipal”.
En este sentido los Concejales, Gustavo Longhi, Andrea Barra, José Ojeda y María Paz decidieron apoyar con su voto la suspensión del secretario de Finanzas, José Labroca, por un plazo de 15 día sin goce de haberes a la vez que resolvieron que la presentación de la justicia era improcedente ya que era una intromisión ilegítima del Poder Judicial en el Poder Legislativo Municipal.
Los argumentos
Asimismo y en una acalorada y fundamentada sesión los Concejales manifestaron su malestar hacia el Ejecutivo Municipal y entre sus cimientos el edil del ARI, Gustavo Longhi, sostuvo que “esta actitud de la Justicia y del Ejecutivo, enluta al sistema democrático de la ciudad” entendiendo que “el secretario Labroca, cometió una falta grave, al no asistir a la Sesión Espacial para ser interpelado”
El edil enfatizó que “el secretario Labroca fue convocado por el Concejo Deliberante, con absoluto respeto y garantizando la seguridad del mismo para que puede venir, al recinto, el pasado 8 de junio a dar las explicaciones necesarias que el pueblo de Río Grande se merecía”.
“Porque cuando le respondiera al Concejo Deliberante, el secretario le respondería a la totalidad de la población y aclararía una situación al menos confusa al sentarse a dialogar con un empresario radial; nosotros y el pueblo queríamos saber que tipo de negociaciones y cosas está realizando el municipio con fondos públicos”.
Longhi recordó que “no sólo no se presento en la sesión sino que en una actitud incomprensible, el propio Intendente se presentó en el Concejo Deliberante acompañado por diferentes Secretarios y funcionarios para escuchar y observar lo que acontecía desde la sala de comisiones para luego retirarse sin dar las explicaciones necesaria”.
“El secretario Labroca lo único que tenía que hacer era sentarse de cara a la gente – INSITIÓ Longhi – y explicar lo que había ocurrido en esa comunicación telefónica que se había difundido pero no, él y todo el Ejecutivo Municipal decidieron no responder” tras lo cual reprochó los dichos de los funcionarios municipales y aclaró “nosotros no somos jueces”.
Asimismo el Concejal argumento que el Concejo Deliberante no ha cometido ninguna falta ni ningún error ya que “la consideración de falta grave esta contemplada y establecida, no sólo en la Ley orgánica 236 sino que también esta establecida en el reglamento interno del Concejo Deliberante”
El Concejal se refirió a la medida de judicializar las acciones por parte del Ejecutivo municipal e indicó que “es una actitud muy triste” y remarcó que “si los Ediles le diéramos paso a esta medida de no innovar tendríamos que cerrar el Concejo Deliberante y decirle a la Justicia que comience a Legislar a partir de ahora y por sobre todas las cosas decirle al Intendente que valla a comprarse una corona porque deja de ser Mandatario comunal para transformarse en emperador de la ciudad”.
Finalmente Longhi sostuvo que “lamentablemente el Intendente Martín, en el día de hoy, abrió un camino que es muy complejo de transitar y lamentablemente la intolerancia y la soberbia lo esta llevando a un recorrido sin retorno que es el conflicto de poderes”.
Por su parte la concejal Andrea Barra adhirió a los conceptos de su par, Gustavo Longhi y agregó que “en el país existe un sistema democrático; Federal y Republicano que se basa en la división de poderes y en dónde cada poder tiene misión; función y competencias que le son propias y específicas”.
Tras lo cual recordó que desde el Concejo Deliberante “nosotros no citamos al contador Labroca con ninguna falta de respeto; lo citamos en el ámbito en el marco de las atribuciones y competencias que tenemos y el tenía todas las garantías para brindar las explicaciones y fundamentar su accionar”.
Entendiendo que con su ausencia, el contador Labroca “se ha burlado de este Cuerpo Deliberativo” y recordó que “la no concurrencia a la interpelación esta citada en la Ley Orgánica de Municipalidades como Falta Grave” además recordó que “la interpelación esta contemplada en todos los niveles del Estado, en el Estado nacional y en el Estado provincial ocurre periódicamente y los ministros de la Nación concurren al Congreso; cumplen con su deber; dan explicaciones”, y se preguntó, “¿Por qué nosotros no podemos tener aquí a un Secretario sentado? Es porque la mentalidad del Ejecutivo municipal no es un sistema republicano; no es independencia de poderes; es la concentración de las decisiones; no existe el respeto a este Concejo Deliberante, no solo con esta actitud sino en todas las Ordenanzas incumplidas y que hemos sancionado para ayudar a distintos sectores de la comunidad de Río Grande”.
Y desmintió al contador Labroca en cuanto a la existencia de un dictamen para la aprobación del Presupuesto Municipal y remarcó “no hay en este Concejo Deliberante un dictamen aprobando el Presupuesto por eso no lo hemos aprobado, porque no lo compartimos; porque priorizan obras que no tienen que ver con la cuestión social; no están planteando cuestiones solidarias; han ejecutado una licitación de Muro Costanero por 27 millones de pesos que prioriza una solución para 37 o 38 familias cuando hay 700 que tienen el mismo problema del lado del río; hay un banco Municipal de tierras que en 10 años no le ha dado respuestas a la gente y se han sancionado cinco Ordenanzas por parte de este cuerpo”.
Por su parte la concejal María Paz calificó como “una aberración la intervención de la justicia” entendiendo que “no debería haber sido de esta forma” tras lo cual se preguntó “¿Tanto cuesta venir y dar la cara y decir como fueron las cosas. Esto también deja entrever que hay muchas cosas que nunca vamos a saber, posiblemente, y que además hay mucha ropa sucia escondida detrás de esta situación”.
La posición de Baccichetto
El concejal Fernando Baccichetto, por su parte, no acompañó la suspensión del Secretario de Finanzas y resolvió acatar la Resolución Judicial sin embargo hizo algunas consideraciones repasando la ausencia del funcionario a la Interpelación dispuesta por el Cuerpo entendiendo que “el Ejecutivo Municipal no interpretó los mecanismos constitucionales e institucionales que tiene el cuerpo para salvaguardar la vida política pública” porque la interpelación “era una medida curativa, no de imputación porque buscaba que la comunidad escuchara del Secretario Labroca su versión de los hechos, la comunidad reclamaba eso y lo sigue reclamando aún, no ha quedado salvada la situación y la cuestión de fondo”.
En el mismo sentido opinó que “hubo una mezcla de mala voluntad por parte del Ejecutivo y falta de cintura política en lo que tiene que ver con la resolución de este tema que se hubiese solucionado poniendo la cara”.
Sin embargo “la Justicia, independientemente de los cuestionamientos que puedan hacerse al procedimiento, la Justicia como parte del sistema Republicano ha emitido una opinión respecto de la posibilidad que tiene el Concejo de emitir una sanción y no ha inhabilitado al Concejo Deliberante” por lo cual “tratando de que se llegue de una vez por todas a la verdad de los hechos , mal va a poder hacer el Concejo Deliberante dando una muestra de desobediencia al sistema republicano a través de la aprobación de la Resolución cuando existe una medida judicial que le pone un obstáculo a esta acción”.
Y aseguró que su objetivo es “preservar la salud institucional del Cuerpo porque la desobediencia de esto implica también un delito y creo que mal favor le vamos a hacer a la comunidad teniendo a los Concejales cuestionados”.
Por su parte el concejal José Ojeda, a cargo de la presidencia, también hizo uso de la palabra y remarcó su voluntad de acompañar la suspensión del Secretario de Finanzas Municipal a pesar de “saber a lo que nos estamos exponiendo con esta decisión, pero prefiero tener que dejar mi banca como Concejal que renunciar a cumplir con la responsabilidad que me dio la comunidad de Río Grande legislando y controlando el uso de los fondos públicos”.
En el mismo sentido aseguró estar “convencido” de la acción adoptada por el Concejo Deliberante entendiendo que la decisión judicial “es improcedente” teniendo en cuenta la “vigencia de un Estado Republicano y la división de poderes”.
