Sólo dos meses faltan para cumplirse tres años desde que el 10 de octubre de 2009, el Congreso sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como Ley de Medios). Sin embargo, casi nada cambió en el mundo periodístico argentino. Ninguno de los postulados más importantes que dieron origen a esta norma supuestamente creada para democratizar y pluralizar se encuentran vigentes.
No hubo venta o desguace de activos; las ONG siguen sin aparecer en la grilla o en el dial; la producción de contenidos propios es escasa; la oposición no tiene representación en el órgano de control (Afsca); la publicidad oficial se distribuye a discreción del Gobierno; y no hay rastros del defensor público de usuarios de radio y TV.
Es decir, no parece haber temor a la columna vertebral de la ley, conformada por los artículos 25 (incompatibilidad para prestadores de servicios públicos); 41 (intransferibilidad de licencias); 45 (topes a la concentración) y 161 (desinversión).
Ni siquiera luego de que en las últimas semanas el Gobierno pareció acelerar los plazos para reclamar lealtad a una ley engendrada luego de la ruptura de relaciones entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín y cuyos postulados hablan de promover, desconcentrar y fomentar la competencia; abaratar, democratizar y universalizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Pero 1.095 días después ni su principal impulsor, el Gobierno, cumple con la ley. De hecho, defensores y críticos coinciden en que si hay una norma que no se respeta es la Ley de Medios. En estos tres años, sólo el Grupo Clarín la ha rechazado por vía judicial, presentando amparos contra artículos, como el de desinversión, que considera “inconstitucional” y que supone son “herramientas del Gobierno para colonizar y debilitar a los medios”. Será la Corte Suprema la que tendrá la última palabra. El máximo tribunal ya dispuso que el 7 de diciembre debería dejar de regir la cautelar que suspende para Clarín el artículo 161. Sin embargo, la fecha no afecta el juicio de fondo por inconstitucionalidad que podría o no estar resuelto ese día. En Clarín aseguran que seguirán la pelea para evitar tener que desprenderse de empresas valiosas como Canal 13, Cablevisión, Radio Mitre, TN o algún otro activo de su larga lista.
Pero mas allá de este caso puntual, la vigencia de la Ley de Medios fue admitida en Afsca ante una consulta de El Cronista. Sin embargo, evitaron enumerar las razones por las cuales no se aplican los artículos más temidos. “No podemos opinar”, fue la respuesta, aunque saben que lo único que se cumple es lo vinculado con el inicio y cierre de las tandas publicitarias.
Por su parte, voceros de grupos alcanzados por la ley reconocieron estar en infracción, aunque admitieron que en estos años “nunca fueron presionados para cumplir”. Otros aseguraron tener herramientas legales para sortear las limitaciones.
Un caso es el de Telefé por estar en manos del grupo español Telefónica que a su vez controla una empresa de servicios públicos. Telefé superaría el límite del 35% de audiencia a nivel nacional impuesto por la ley. Sin embargo, El Cronista pudo saber que recurrirá a la Ley de Bienes Culturales que, si bien establece un tope de 30% al capital extranjero en los medios, no tiene carácter retroactivo como la de Medios. Además es anterior a esta norma. La idea es evitar la venta de activos. También plantean que la sociedad dueña de Telefé es Telefónica Media, controlada por Telefónica Holdings y no por Telefónica Argentina. Es decir, forman parte de un mismo holding pero con actividades independientes.
En el caso de los límites a la audiencia, aseguran que aplica sólo a la la TV por cable.
El caso de otro grupo español, Prisa, dueño de radio Continental, FM HIT y de otras 10 licencias de radio, no sería bendecido por la ley de Medios Culturales. Sin embargo, Prisa asegura haber comprado mediante una firma con sede en Delaware, Estados Unidos, lo cual la blindaría ante la Ley de Medios por existir un tratado de reciprocidad de inversiones con el gobierno norteamericano.
Otras operaciones cuestionadas son la venta a Raúl Moneta de un paquete de radios encabezado por la Rock&Pop, en 2010, y la más reciente transferencia de Radio 10, C5N y varias FM a Cristóbal López. Voceros cercanos a este empresario reconocieron que deberían vender dos de sus radios, pero aclararon que antes Afsca debe aprobar la transferencia de las acciones. También recordaron que quien debería haber desinvertido es Daniel Hadad, ex dueño de esos medios.
En el caso Supercanal, admitieron estar adecuándose al proceso de desinversión voluntario. Otros medios que deberían cumplir son Cadena 3 de Córdoba; el grupo González González (Canal 9, FM Aspen); el Grupo Ick de Santiago del Estero. También Electroingeniería y la dupla Szpolski-Garfunkel.
ANDRÉS SANGUINETTI Buenos Aires
Cronista
