La apremiante situación fiscal de las provincias y los controles policiales sobre la compraventa, tenencia y uso de dólares son, por estos días, la muestra más clara de la “sintonía fina” de la que habló hace unos meses la presidenta Cristina Fernández y, también, de la esencia del “proyecto político” que, como dijo la presidenta el 25 de Mayo en Bariloche, cumplió ese día nueve años en el poder.
El común predicamento de gobernadores como el bonaerense Daniel Scioli, el santafesino Antonio Bonfatti, el cordobés José Manuel de la Sota, la fueguina Fabiana Ríos, el entrerriano Sergio Urribarri, el neuquino Jorge Sapag y el santacruceño Daniel Peralta, es de por sí revelador. Lo extendido de la lista que podría ampliarse hasta abarcar casi todas las provincias- y su variopinta coloratura política que va del peronismo “buena onda” de Scioli al socialismo frenteamplista de Bonfatti, el peronismo no kirchnerista de De la Sota, el filokirchnerismo de Ríos, el cristinismo de Urribarri, el zigzagueante localismo de Sapag y el kirchnerismo no cristinista ni camporista de Peralta- delata que se está ante un problema del “modelo” más que de de las provincias individualmente consideradas. Pero, claro, son los gobernadores quienes en las próximas semanas deben pagar, pegaditos, los salarios y el medio aguinaldo de sus plantas de personal.
Buscando fondos
La disyuntiva de Scioli, que se apresta a abrir con un decreto el proceso que culminará en un impuestazo provincial, es la que mejor ilustra las caras económica y política del momento. La humillación del gobernador bonaerense es tal que quien le marcó que hiciera el revalúo inmobiliario por decreto fue el a los demás efectos inexistente ministro de Economía de la Nación (y ex funcionario provincial), Hernán Lorenzino. Igual que en Santa Fe, esos valores están intocados desde 1974, aunque sí fueron variando las alícuotas de pago. El gobierno nacional (que antes le impuso a Scioli su vice, Gabriel Mariotto, y el bloque camporista en la Legislatura provincial) lo mandó a revaluar porque el aumento del valor fiscal mejorará las arcas de la Nación en concepto de impuesto a los Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta. A cambio, le dará los votos necesarios para la reforma fiscal propiamente dicha, trabada en la Cámara de Diputados provincial.
El cálculo de la Nación es que el decreto de Scioli gatille un conflicto con el sector rural, donde ya se habla de paros y cortes de ruta. El nuevo choque con “la oligarquía” ayudaría a simular una mordida que en verdad abarcará casi todos los sectores y actividades. El paquete prevé el aumento del impuesto a los Ingresos Brutos (el más importante en las provincias) a gran cantidad de actividades (venta de partes y accesorios de autos, venta de combustibles, comercio de productos agrícolas, venta de alimentos, bebidas, productos textiles, libros, revistas y diarios, productos farmacéuticos, artículos de óptica, artefactos de iluminación) hasta llevarlo al 5 % y eliminando varias exenciones. El “efecto cascada” de este tributo es la pieza maestra. Pero hay más: aumento del impuesto automotor y gravación, con sellos, de los contratos y operaciones de venta de billetes de Lotería, cesión de acciones y derechos, concesiones, energía eléctrica, locaciones y sublocaciones, compraventa de mercaderías y/o bienes muebles y de automotores, cancelaciones total o parcial de derechos, escrituras públicas, adquisiciones de dominios y contratos entre privados. Empresas de servicios públicos y cooperativas, antes exentas, serán alcanzadas.
Con ese paquete, el gobierno bonaerense espera hacerse de entre 4.500 y 5.000 millones de pesos entre mayor recaudación y aumento de los límites de endeudamiento. Suficiente para respirar unos meses. Después se verá.
Que Scioli esté dispuesto a tanto por tan poco, con tal de exorcizar el fantasma del patacón (la sola posibilidad de tener que emitir cuasimonedas aterra a los gobernadores, como demostró también, con sus equívocas declaraciones, el santafesino Bonfatti), ilustra una de las paradojas del perverso arreglo fiscal que el kirchnerismo impuso a las provincias a partir de 2003.
Sustracciones
Recientemente, Martín Lousteau recordó un caso paradigmático al respecto. Con la creación de las Afjp en 1994, el sistema previsional sufrió un fuerte y súbito desfinanciamiento, compensado mediante ingresos que correspondían a las provincias y que éstas cedieron (15% de la masa coparticipable, 10,3% de IVA, 20% de Ganancias, entre otros). Pero cuando el sistema pasó primero a tener superávit y luego incorporó más recursos con la estatización de las Afjp , aquellas contribuciones provinciales continuaron (sal sobre la herida: los créditos de la Anses a empresas, a los que ahora se podría sumar YPF, ya suman 29.000 millones de pesos, casi un espejo de lo que será este año el déficit fiscal del conjunto de las provincias). “El gobierno nacional se quedó así con una entidad cuyo resultado acumulado entre 2009 y 2011 alcanzó 13.500 millones de dólares”, calculó el ex ministro de Economía de Cristina.
Pero no sólo sucede que las provincias ceden dinero que les corresponde y luego lo mendigan individualmente a la Rosada. “Si a estos ingresos tan livianamente entregados sigue Lousteau- se le suma la pérdida de participación relativa del total de las provincias en el reparto debido a la existencia de las retenciones y el impuesto al cheque, el monto extraordinario del que goza anualmente la administración central alcanza los cuarenta mil millones de pesos, lo que duplica el déficit provincial”.
Nada alcanza
Peor todavía es que ni con esa sustracción la Nación cuadra sus cuentas. Para ello recurre al Banco Central y al “impuesto inflacionario”. Por el primer concepto, este año podría disponer de hasta 115.000 millones de pesos. Y por el segundo (que consiste en recaudar más por la escalada de precios y emitir por ese motivo billetes que coloca sin pagar interés), Lousteau calculó que el Ejecutivo se hizo en 2011 de recursos por cerca del 2 % del PBI y este año extraería 40 % más. De ahí la paradoja final: cuanto más débiles son las finanzas de la Nación, más fuerte es el gobierno respecto de las provincias, cada vez más desesperadas y subordinadas al poder central.
¿Y el dólar? La pregunta no corresponde. Los argentinos debemos pensar en pesos, dijo Aníbal Fernández, sin siquiera mencionar la inflación. Sólo el 11 % de los argentinos atesora dólares, dijo el senador y ex jefe de Gabinete, citando equivocadamente una estadística del Banco Central. Aún si el dato fuera cierto, la parte de la población que refirió Aníbal incluye a la presidenta y sus funcionarios. Como precisamos una vez aquí, según las últimas declaraciones juradas disponibles, el ahorro en dólares de Cristina y nueve de sus altos funcionarios promedió los 452.000 dólares por cabeza. Si el 1 % de los argentinos tuviera una cifra similar (y el 99 % restante no viera ni un dólar fotocopiado) harían falta 180.000 millones para enjugar tanto ahorro en verdes. ¡Tanta necedad!
Sergio Serrichio
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