Cabe destacar que uno de los artículos establece, que en un plazo de 180 días desde su publicación, el Poder Ejecutivo arbitrará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la misma.
Liendo consideró necesario que “las personas con discapacidad tienen derecho a una cobertura integral del cien por ciento en sus obras sociales, ya sea prepaga o del Estado, para garantizar los gastos de salud, educación y traslados”.
Además aseguró que “estos derechos no siempre son respetados, y no son pocos ni infrecuentes los casos en que los obligados intentan evadir sus responsabilidades que le son propias”.
No obstante, adelantó que la semana próxima realizará un pedido de informe para conocer los resultados del censo de discapacitados en la administración pública, que la Gobernadora Fabiana Ríos pidió llevar a cabo por decreto.
Por ello mismo destacó que “con la humildad y el respeto que se merecen, hoy presentamos el primero que los involucra para mejorar su calidad de vida”. Por ello, “esperamos contar con el aval del resto de los ediles”.
