El secretario de Gobierno, Paulino Rossi; el secretario de Finanzas, Federico Runin y el secretario de Producción de la Municipalidad de Río Grande, Agustín Tita mantuvieron un encuentro reunión con el intendente Federico Sciurano, los concejales de la ciudad Viviana Guglielmi y Oscar Rubinos, y los legisladores Pablo Blanco y Liliana Martínez Allende.
El encuentro se realizó en torno a la preocupación que generó la notificación de una acción emanada desde el fiscal de Estado, quien pidió a la Justicia que se retenga un 25 % de la coparticipación de cada municipio de la provincia, como así también de la comuna de Tolhuin para destinarlo a educación. La medida, además prevé fijar un retroactivo de este porcentaje hacia el año 2005.
La acción declarativa de certeza tiene por objeto despejar el estado de incertidumbre existente respecto de una relación jurídica por medio de una decisión que, con la sola declaración de derecho, otorgue a las partes la certeza requerida.
Los municipios y la comuna tendrán 30 días para realizar algún tipo de defensa, presentación o rechazo ante el pedido del fiscal.
En tanto, el secretario de Finanzas de la Municipalidad de Rio Grande explicó que la medida presentada, “estipula disminuir los índices de coparticipación que actualmente -en porcentajes- se destinan a los municipios, a partir de lo que es vía transferencia al sector educativo de un 25%, hecho que nos preocupa. Por el momento tendremos que ver cómo resolvemos la contestación”, expresó Federico Runin.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical, los legisladores Liliana Martínez Allende y Pablo Blanco, se comprometieron a trabajar en el respaldo de una solución que tenga como fin no perjudicar las arcas de los municipios, las que se ven afectadas por los atrasos en los pagos, la falta de control en los goteos y los gastos administrativos que afectan la coparticipación que el Ejecutivo retiene a las municipalidades y comuna.
Hata aquí se había tratado el tema como una preocupación de Rio Grande y Ushuaia, dejando a la comuna en un tercer lugar y de hecho de esta reunión no participaron funcionarios de esa comuna por entender que ni siquiera se puede discutir el tema teniendo en cuenta los porcentajes de coparticipación que reciben.
La comuna recibe apenas 22 millones de pesos anuales para una población de 5.300 habitantes aproximadamente, de los cuales 110 trabajan en la comuna, es decir que solo alcanza para pagar sueldos y hacer obras mínimas, este recorte volvería imposible gestionar.
Eduardo Villa secretario de gobierno sostuvo hace pocos días que si la coparticipación llegara a 25 millones podrían ejecutar pequeñas obras pero si a lo poco que se gira se le agrega este recorte será imposible gestionar sin serias complicacviones.
