La entidad, presidida por el gobenador de Chubut, Martín Buzzi, advirtió también que las provincias miembro se vieron «fuertemente afectadas por la caída manifiesta de producción e inversión insuficiente de las empresas del sector», lo que impactó de manera «directa e indirectamente en la generación de riqueza y el bienestar de cada uno de los habitantes de nuestras comunidades».
La declaración, dada a conocer esta tarde, lleva la firma de Buzzi y de los gobernadores de Formosa, Gildo Insfran; de Jujuy, Eduardo Fellner; de la Pampa, Oscar Jorge; de Mendoza, Francisco Pérez; de Neuquén, Jorge Sapag; Alberto Weretilneck por la provincia de Río Negro; Juan Urtubey por Salta; Daniel Peralta por Santa Cruz, y Fabiana Ríos por Tierra del Fuego.
El tema también fue tratado durante una reunión que mantuvieron con el ministro de Planificación, Julio De Vido, los gobernadores Buzzi (Chubut), Sapag (Neuquén) y Pérez (Mendoza).
La cartera de Planificación, a través de un comunicado, señaló que durante el encuentro, que se extendió por espacio de una hora, los gobernadores y el ministro «repasaron las políticas del sector y acordaron trabajar para poner a pleno la producción de gas y petróleo en la Argentina».
La OFEPHI, a través de un comunicado distribuido por la oficina de prensa de Chubut, manifestó su «plena coincidencia con la vigencia de una Política de Estado para el sector que alcance el autoabastecimiento y la máxima producción», en consonancia con los lineamientos impulsados por el ex presidente Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
«La misma exigirá una actitud de reciprocidad de esfuerzos entre el Estado, la fuerza del trabajo y las empresas a fin de satisfacer la demanda actual y potencial en materia de recursos energéticos, vital para la continuidad del proceso de desarrollo sustentable que beneficia al conjunto de la Nación Argentina», sostuvo la entidad que nuclea a las provincias productoras de crudo y gas.
Enfatizaron que «esta baja de los niveles de inversión, que no se corresponde con la dinámica del mercado nacional y/o internacional de estos productos, provoca un impacto negativo sobre las economías domésticas, generando tensión social, desvirtuando entonces la esencia misma del contrato económico y social entre el Estado, las fuerzas del trabajo y estas firmas para la exploración y explotación del recurso».
La OFEPHI también da cuenta de un documento en el que realizó un análisis sectorial con el desempeño de cada una de las empresas que conforman la oferta de hidrocarburos a nivel agregado y discriminado por provincias, cuencas y yacimientos, para los últimos cinco años, que fue elaborado en forma conjunta entre la Nación y las provincias.
Según ese documento, las empresas mostraron «comportamientos disímiles en materia de inversión exploratoria o de desarrollo de yacimientos, según la cuenca o yacimiento de que se trate, sobresaliendo algunas con una evolución positiva en materia de producción y sostenimiento del nivel de reservas, mientras que otras compañías de igual porte demuestran una actitud discrecional en cuanto a su cartera y destino de los flujos de inversión, maximizando sus beneficios en lugar de permitir un desarrollo armónico de sus propiedades».
La declaración sostiene que «si bien la evolución de la producción en dicho período ha caído para el total del país, en algunas cuencas y/o yacimientos se observan subas significativas que están más correlacionadas con los niveles de inversión antes que con ventajas comparativas naturales».
«De esta manera, en un contexto internacional que muestra para este mercado un horizonte de crecimiento, que nos ubica en una situación en la que nuestras ventajas comparativas nos harán más competitivos frente al mundo y por lo tanto menos vulnerables a los cambios de escenario, se hace necesario que estas conductas se reviertan para poder lograr un crecimiento armónico y una distribución equitativa de la renta generada», agregó la OFEPHI.
Recordaron que «los términos del intercambio son favorables para nuestro país por lo tanto cada una de las partes, Estado, empresa y la fuerza del trabajo organizada, deben hacerse responsables de privilegiar la máxima producción de nuestros yacimientos».
Tras manifestar su respeto a la «seguridad jurídica que debe regir como resguardo a la inversión», la Organización Federal dijo que de parte de la totalidad de los actores «deberá existir el pleno compromiso a fin de lograr la máxima producción en el corto plazo, respetando estándares de máximo control ambiental, para resguardar nuestros yacimientos».
«Las provincias productoras seremos severos fiscales del fiel cumplimiento de la legislación vigente para lograr el máximo de producción y autoabastecimiento», agregó el documento.
Recordaron que «el Estado Nacional y las provincias productoras han contemplado los efectos de la crisis post devaluación aportando soluciones y cada uno de los habitantes de nuestro país han contribuido solidariamente a la recuperación de cada uno de los sectores productivos».
A renglón seguido dijeron que «es una condición necesaria que las empresas visualicen los esfuerzos realizados por el Estado en su conjunto y la sociedad en general, respondiendo con un cambio en su política y resguardando el interés común por sobre el exclusivo beneficio económico financiero de sus compañías».
También enfatizaron que las provincias productoras de hidrocarburos junto al Gobierno nacional «hemos decidido poner en práctica todas aquellas medidas que permitan tener plena exploración y desarrollo de los yacimientos en la totalidad de las cuencas, que incrementen el horizonte de reservas y aumenten la producción de petróleo y gas en todas sus formas, tanto por la vía convencional como no convencional, haciendo cumplir la normativa ambiental en cada jurisdicción exigiendo racionalidad en el desarrollo de los yacimientos».
Bajo este contexto, las provincias productoras de petróleo proponen la firma de «un pacto federal» entre, las provincias productoras, los trabajadores, el estado nacional, tendiente a alcanzar los objetivos fijados en la declaración.
En este sentido, la OFEPHI precisó que «los concesionarios, tal lo establecido por la legislación vigente, tienen la obligación ineludible de aportar solvencia financiera y capacidad técnica adecuada para ejecutar las tareas encomendadas de máxima producción, autoabastecimiento y sustentabilidad en el desarrollo de los yacimientos».
Por último, tras explicitar que las provincias petroleras están «alineados políticamente con nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner», solicitaron a las empresas operadoras «mayor inversión en exploración, incrementar la inversión dirigida a un aumento productivo, sosteniendo la actividad de servicios y el empleo, con el objeto de mantener la paz social».
Fuento: Télam
