En un escenario internacional donde las derechas desplazan al socialismo y se instalan para quedarse, Latinoamérica busca sostener una región con enormes inequidades, pero que a diferencia de Europa y EEUU mira al futuro. A un futuro que se construye con acuerdos de integración, con diferencias pero con voluntad de dirimirlas en los ámbitos supranacionales de discusión regional. Una política internacional que tiene su correlato fronteras adentro, por marcado giro hacia el crecimiento con inclusión.
El gobierno nacional, de 2003 a la fecha, trata de reorientar una línea de acción política que restituya el poder a los elegidos por el voto popular, hoy en día la discusión sobre la necesidad que el Estado sea el que fije el rumbo de la economía, parece casi una obviedad. Pues no lo es, debemos sostener un modelo nacional que se apoye en los sectores del trabajo, sustituyendo importaciones y cambiando la matriz productiva hacia el agregado de valor a los productos exportables, pero con mayor distribución del ingreso, con políticas de intervención estatal que orienten el rumbo de la economía, no al revés.
En Tierra del Fuego, se acaba un año electoral que dejó como resultado la renovación del mandato de la actual gobernadora por cuatro años más. De origen socialista, la actual mandataria accedió al poder por el ARI, pero ahora se encuentra liderando un partido a la medida de sus necesidades, conformado en su mayoría por funcionarios devenidos en afiliados. Luego, en el ámbito legislativo, solo dos miembros repiten mandato y se incorporan trece, conformando un parlamento con una extraña dispersión en la distribución de las bancas, pero con una mayoría marcada por una orientación política común.
El gobierno provincial, que transita los últimos días de su primer período, navega en la cresta de una ola sostenida por decisiones que llegan desde ámbitos nacionales. El impulso a la producción nacional que se plasma en la reactivación de la industria electrónica a partir de medidas ejecutivas y legislativas tomadas por el gobierno de Cristina, nos brinda un presente que la gobernadora parece no capitalizar, cediendo espacios de poder y liberando territorios económicos altamente rentables, a empresas que poco aportan a la formación de capital social y solo se aprovechan de esta “primavera fueguina”.
El legado de Popper. Las empresas amparadas bajo la Ley 19.640, lejos de promover ciudadanía, acumulan dividendos en la misma medida que precariedad laboral, con la mirada cómplice del gobierno y la dirigencia gremial, llevando el sistema de relaciones laborales a niveles de los años 90. El mismo gobierno, en la voz del secretario Delamata, denomina “contratos a término” a los contratos basura. Un sistema que mediante una serie discontinua de incorporaciones, elude la legislación laboral y deja al trabajador sin estabilidad. Reglas de estabilidad que AFARTE reclama puntillosamente en cada mesa de negociación con cada gobierno que se digne a con*****rlos.
El Estado Provincial, que proporciona Salud, Educación, Seguridad y Justicia también a los trabajadores de la industria, lo hace en parte recurriendo al cobro de impuestos provinciales. Malas noticias, acaba de renunciar, bajo el paraguas de los “Consensos Necesarios”, a percibir una importante cantidad de ingresos públicos, acordando con los industriales, una Ley Tarifaria que reduce las alícuotas impositivas de las empresas beneficiadas por la Ley 19640. Una concesión que parece de otra época, una flagrante transferencia de dinero hacia las abultadas billeteras empresariales.
Una de piratas: La proximidad de la finalización de las concesiones de explotación petrolera, disparó desde la Secretaría de Hidrocarburos provincial, una carrera contra el tiempo y la información pública. A continuación de la desprolija e inconsulta cesión de regalías gasíferas a manos de una empresa china, le sigue la subterránea negociación de la extensión de las concesiones otorgadas en la era neoliberal, de la explotación de recursos hidrocarburíferos de origen provincial.
El “Cono del Silencio” impuesto al sistema de reuniones de negociación, perfeccionó de una manera impensada por el mismo Cavallo, la manera de acordar sin control ciudadano, los términos contractuales. Al amparo de una inconstitucional normativa de confidencialidad, el gobierno de Fabiana Ríos, esconde a la ciudadanía los términos de la negociación de nuestros recursos naturales con empresas que mantienen con el estado provincial una deuda que los inhibe de conseguir, de manera legal, una continuidad en sus concesiones. Millonaria deuda, que el gobierno curiosamente se niega a certificar.
Otra de piratas: La negociación de la obra inconclusa del puerto de Río Grande y el acuerdo de concesión a empresas privadas para la terminación y la explotación del mismo, por casi medio siglo, es una muestra más del perfil privatizador del actual gobierno provincial. Un Déjà vu de los ´90, que nos presenta un escenario con entregados actores políticos que acuerdan a dos manos, una transferencia de recursos a empresas de dudosa solvencia en sus países de origen. Una obra que bien se puede incluir en los acuerdos con Nación a través del mecanismo de fideicomiso de deudas petroleras.
El triste proceso de giro a la derecha del gobierno se nutre de varias concesiones, que configuran una política de estado de orientación al menos conservadora. Comenzó con la mirada cómplice de la huida del juez Robbio, un represor que este gobierno dejó salir con honores. Siguió con la vergonzosa renuncia republicana al designar a Muchnik como cortesano, para tener el poder ejecutivo un amicus curiae, en la figura del ministro Aramburu. Continuó con la entrega de los derechos laborales, el petróleo y el puerto, el escándalo de Arias en el IPRA, de Farías y las valijas, de Álvarez y las combis de desarrollo social, de Benegas y las plantas potabilizadoras. Y como termina esto?
Gol en el minuto 47. Termina el primer tiempo del partido con un “salariazo político” que cierra de una manera vergonzosa la discusión del tope constitucional, dejando en manos de los Intendentes, la movilidad de la dieta de todos los funcionarios políticos provinciales, una ley de dietas que lejos está de la original promesa de campaña de Fabiana Ríos, cuando decía que el salario del Gobernador debía ser equivalente al de un Director de Escuela, girando desde el socialismo del maestro Bravo a un pragmatismo de mercado, digno de María Julia Alsogaray.
Marcelo Bustos. 01/12/11
