Aún con una moderación en el último trimestre, estimamos que los subsidios alcanzarían $ 75.000 millones en 2011 (4% del producto). En los últimos 6 años los subsidios muestran un crecimiento de 53% anual, e incrementaron su participación dentro del gasto primario del 8% (2005) a 17% (2011).
El Gobierno, necesitado de recomponer la caja, ya dio señales de querer frenar esta dinámica con el anuncio de eliminación de subsidios a sectores de alta rentabilidad, el traspaso del subte a la Capital y la creación de una comisión de evaluación de todo el esquema.
Sin embargo, si desea acotar el crecimiento de los subsidios deberá concentrarse en energía y transporte (concentran 90% del total), para lo cual hay que definir quién afrontará el costo que el Estado dejará de cubrir.
Las firmas soportarán parte de la carga (los primeros anuncios fueron en ese sentido) pero los usuarios seguramente también tengan que afrontar aumentos. Por ejemplo, los subsidios que deje de pagar el Estado al transporte, que cubren 70% del costo de funcionamiento, se transferirán a los usuarios.
Las empresas también pagarán más por la luz y el gas, pero como 40% de la demanda es residencial y las tarifas industriales ya registraron subas en los últimos años, seguramente también habrá subas para esos usuarios.
La mala noticia es que al estar tan retrasadas, los incrementos serían proporcionalmente elevados: por ejemplo, si los costos de operar el transporte aumentan 20% y los subsidios no crecen, los boletos deberían aumentar 67%.
La buena noticia es que el golpe al bolsillo es bajo. Una suba de 67% en el boleto implica sólo $ 20 más por mes y duplicar la tarifa de luz para un usuario residencial promedio insume $ 50 adicionales, montos bajos en relación al salario medio formal de la economía.
Si bien el momento elegido no es óptimo –el impacto sobre el bolsillo, aunque bajo, viene en momentos de desaceleración de la actividad- otro importante efecto de esta revisión será distributivo, ya que muchos subsidios hoy terminan beneficiando a agentes de alto poder adquisitivo.
Los subsidios siguen creciendo fuertemente
Los subsidios a sectores económicos ascendieron a $ 21.691 millones durante el tercer trimestre de 2011 (+60% i.a.), totalizando $ 55.611 millones en los primeros nueve meses del año (+57% i.a.). De esta manera, en términos del PBI ya alcanzaron 4%, incrementándose 0,7 p.p. en relación a un año atrás y registrando el máximo valor de la serie.
En el trimestre, las compensaciones al sector energético (56% del total) crecieron 69% i.a. Dentro de estos, las transferencias a CAMMESA (energía eléctrica) y ENARSA (gas natural) siguieron siendo las más abultadas, mostrando conjuntamente un alza interanual de 66%.
Los subsidios al sector transporte siguieron ocupando el segundo lugar en relevancia (33% del total), pero en el tercer trimestre fueron los más dinámicos, ya que prácticamente se duplicaron (+92% i.a.).
Dentro de este grupo de subsidios, las transferencias del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte (FFSIT) fueron las que más crecieron (+112% i.a.), acelerándose fuertemente en relación a los primeros seis meses (+57% i.a.).
Cabe destacar en este punto que estas transferencias no se incluyen dentro del Presupuesto de la Administración Pública Nacional. Los que sí se incluyen son los giros que el Tesoro le hace al fondo, que además se nutre del 18,5% del precio sin impuestos del gasoil. En el tercer trimestre, las transferencias del Tesoro al FFSIT alcanzaron $ 2.000 millones (+54% i.a.) pero las erogaciones del FFSIT sumaron $ 4.369 millones (+112% i.a.).
Dentro de estas últimas, el 80% se destinó al sistema de colectivos (SISTAU-pasajeros, $ 3.522 millones) y el 10% a trenes y subtes (SIFER, $ 435 millones). Las operadoras ferroviarias y de subterráneos, además, recibieron compensaciones directas del Tesoro por $ 1.342 millones (+53% i.a.).
En tercer término, las transferencias a otras empresas públicas sumaron $ 1.470 millones (+21,6% i.a.), impulsadas principalmente por los mayores giros a AySA ($ 954 M, +69% i.a.), ya que el resto mostró una caída (-20% i.a.).
Finalmente, los subsidios al sector agroalimentario ($ 343 millones) volvieron a caer fuertemente (-65% i.a.), registrando en lo que va del año una merma de casi 60% i.a. La dinámica de estas compensaciones se vio alterada con la eliminación de la ONCCA. Al primer trimestre estos subsidios se habían ejecutado en un 13% (frente a 20% del gasto primario) e incluso crecían 19% i.a., pero a mediados de mayo las partidas de este organismo fueron derivadas al ámbito del Ministerio de Economía y su ritmo de ejecución disminuyó considerablemente: a octubre, se devengó sólo 38% del presupuesto vigente, frente a un 82% del total de erogaciones primarias.
Para el año, el “piso” del gasto en subsidios (el presupuesto vigente actual) alcanzaría cerca de $ 68.000 millones (+33,6% i.a.) aunque muy probablemente se vea superado, ya que más de la mitad de las partidas muestran un nivel de ejecución superior al 90%. Según nuestros cálculos, incluso con una moderación en los meses finales, el gasto en subsidios superaría los $ 75.000 millones en 2011, manteniéndose en torno de 4% del PBI.
Mayores costos para los usuarios, pero el golpe al bolsillo es bajo
En nuestros informes venimos mencionando el creciente peso que los subsidios tienen para las finanzas públicas: en los últimos 6 años crecieron al 53% anual, incrementando su participación dentro del gasto primario del 8% en 2005 a 17% en 2011.
Sin embargo, y ante los evidentes signos de deterioro fiscal y necesidad de recomponer la caja, el Gobierno ya comenzó a dar señales de querer frenar esta dinámica.
Recientemente, anunció la quita de subsidios a sectores de alta rentabilidad –aunque sólo implican un ahorro de $ 600 millones (0,8% del total) muestran un cambio de política económica-, el traspaso del subte a la órbita de la Capital (con el pago de 50% de los subsidios por un año) y la creación de una comisión que evalúe qué compensaciones siguen en pie y cuales se quitarán.
Lo importante es que para frenar la dinámica de los subsidios, el Gobierno deberá avanzar sobre las compensaciones a la energía y el transporte, que representan 90% del total (sólo CAMMESA, ENARSA, trenes y colectivos son 70%). Y para esto, el tradeoff de fondo es quién se hará cargo de lo que el Gobierno dejará de afrontar, si los consumidores o las empresas.
Si bien es probable que las firmas afronten parte de la carga –los primeros anuncios fueron en ese sentido-, tarde o temprano las tarifas de energía y transporte deberán subir ya que están muy retrasadas en relación al resto de las variables nominales de la economía y cubren una fracción cada vez menor del costo de producción.
Por caso, los empresarios del transporte automotor afirmaron recientemente que el boleto del colectivo en el área metropolitana cubre sólo el 30% del costo de funcionamiento. En el caso de los trenes y subtes ocurre algo similar. Así, si se reducen los subsidios al transporte, el flujo faltante deberá surgir de los usuarios.
Con la energía eléctrica la distorsión es aún mayor ya que el incremento registrado en los últimos años en los costos de producción –que se hizo más intensiva en combustibles líquidos y en gas importado- hizo crecer fuertemente la brecha entre el precio de generarla y de consumirla (este último congelado para residenciales). De hecho, el precio de generarla (monómico) actualmente quintuplica el de consumirla residencialmente (sancionado), cuando en 2006 sólo lo duplicaba.
Si bien las empresas afrontarían parte del costo que dejaría de pagar el Estado, cabe destacar que el 40% de la demanda de electricidad es residencial y la tarifa industrial ya registró incrementos en los últimos años.
El gas natural tampoco es la excepción, dado que con la caída de producción y el aumento del consumo interno, la dependencia de las importaciones es creciente. El incremento de los subsidios en este caso no sólo se da por cantidades sino también por precios, ya que el gas de Bolivia se compra a 10 US$/MMBTU (cerca de 1,5 $/m3) y el usuario residencial (24% del consumo, aunque en invierno supera el 40%) paga 0,3 $/ m3.
La mala noticia es que los ajustes tarifarios deberán ser proporcionalmente elevados para lograr frenar la dinámica de los subsidios. Por ejemplo, en el caso del transporte público, si los costos aumentan 20% en 2012 y los subsidios no crecen nominalmente, la tarifa debería aumentar 67%, cifra no lejana a la requerida en electricidad y gas para congelar el gasto en compensaciones. Por otra parte, si las tarifas permanecen congeladas y los costos de producción siguen subiendo, los subsidios no podrán frenar su dinámica ascendente.
Sin embargo, la buena noticia es que el impacto sobre el bolsillo es bajo, dado el atraso que presentan las tarifas. Por caso, el incremento del gasto en viáticos de una suba de 67% en colectivos o subtes sería de $ 20/$ 30 al mes. De hecho, con un sueldo promedio actual del sector privado formal, se pueden comprar más de $ 4.500 boletos mínimos de colectivo, cuando en 2003 (o en los ’90) se podían adquirir 1.500.
Por otra parte, una duplicación de la boleta de luz para un usuario residencial de 550 kwh/bimestre implicaría $ 50 adicionales, monto equivalente a sólo el 1% del salario privado promedio, cuando en 2003 representaba el 5%. Con el gas natural sucede algo similar.
El Presupuesto 2012 contiene subsidios por $ 79.000 millones, cifra que estaría en línea con un “congelamiento nominal” de subsidios, lo cual implicaría subir las tarifas. Pese a que es habitual que en los Presupuestos el monto inicial de subsidios muestre una contención (para este año se presupuestaron inicialmente $ 55.000 millones), el reciente giro del Gobierno permite ver que su dinámica, al menos, se moderará.
De esta manera, el avance sobre los subsidios parecería ser el de recomponer caja: la diferencia entre un incremento del gasto en compensaciones en 2012 similar al de 2006-2011 (+53% i.a.) y mantenerlo estable alcanza casi $ 40.000 millones.
Si bien el momento elegido no es óptimo –el impacto sobre el bolsillo, aunque bajo, viene en momentos de menores niveles de actividad- otro importante efecto de esta revisión será distributivo, ya que muchos subsidios hoy terminan beneficiando a agentes de alto poder adquisitivo, siendo quizás el caso más claro que el gas de garrafa cuesta 4 veces más que el gas por redes.
Fuente:Ecolatina.
