El escrito, suscripto por las legisladoras Verónica De María y Elida Deheza (EP) y Ana Lía Collavino (PJ) fue dado a conocer al término del encuentro celebrado hoy, donde también se analizó la creación del Código Contravencional Provincial (as. Nº 046/10).
El proyecto sostiene que “nuestro país aprobó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes mediante la ley nacional N° 23.338 publicada en el boletín oficial el 26 de febrero de 1987. La Constitución reformada en 1994 la incorporó expresamente con jerarquía superior a las leyes en el artículo 75° inciso 22 y en el año 2004, a través de la ley 25.932 se aprobó el Protocolo Facultativo de dicha Convención”.
“En su articulado, los estados parte, se comprometen a establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad a fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
“A lo largo de nuestra historia provincial fuimos testigos de tratos humillantes, degradantes, torturas cometidas por agentes públicos contra los detenidos en las cárceles y comisarías. Se sumaron y fueron oportunamente presentados a la Justicia hechos denunciados por mayores, menores, jóvenes adultos. Iniciamos investigaciones y procuramos el esclarecimiento de muertes dudosas en lugares de detención. Al déficit estructural en Tierra del Fuego en materia de edificios adecuados para el cumplimiento de las leyes básicas que involucran a la sociedad carcelaria debió sumarse la inexistencia de una ley orgánica del Servicio Penitenciario tras derogarse la Ley N° 192 por la ley N° 441 y durante años la función fue cumplida por la policía, cuya misión de ninguna manera es idéntica a la penitenciaria. Por lo tanto la creación de la estructura orgánica del servicio y más aún, si pudiera invertirse lo necesario para adecuar los edificios y la infraestructura, no cambiarían necesariamente los posibles tratos crueles, inhumanos o degradantes; en definitiva la tortura en nuestra provincia.
“Es”, a juicio del bloque de Encuentro Popular, “hora de hacer todos los esfuerzos por acercarnos a aquellos compromisos asumidos en los tratados internacionales, y deben establecerse mecanismos de control y monitoreo de las prácticas adecuadas a los protocolos internacionales y a los presupuestos mínimos”.
