Esta vez ocurrió en Neuquén, donde cuestionó el «nivel de estupidez» de quienes critican el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Confieso que me siento aludido.
No porque crea que el Presidente me haya mencionado personalmente. Pero sí porque desde este medio hemos sido críticos del RIGI desde el mismo momento en que fue anunciado. Lo hicimos con notas, análisis, documentos, entrevistas y argumentos que permanecen publicados y disponibles para cualquier lector que desee consultarlos.
Nunca insultamos.
Nunca descalificamos a quienes apoyan el régimen.
Nunca sostuvimos que quienes piensan distinto fueran estúpidos.
Simplemente ejercimos el derecho y la obligación periodística de cuestionar una política pública que consideramos perjudicial para el interés nacional.
El problema de fondo no es el RIGI.
El problema es la concepción del poder que revela semejante expresión.
En una república, los periodistas no están para aplaudir gobiernos. Están para preguntar, investigar, dudar y controlar. Exactamente la misma función que deberían ejercer frente a cualquier presidente, sea peronista, radical, libertario o de cualquier otro signo político.
Cuando desde la máxima magistratura del país se desacredita a quienes cuestionan una medida de gobierno, no se fortalece el debate democrático.
Se lo degrada.
Porque el mensaje implícito es simple: quien está de acuerdo merece reconocimiento; quien discrepa merece una ofensa.
La historia argentina está llena de gobiernos que confundieron apoyo con obediencia.
Y todos terminaron chocando contra la misma realidad: los hechos son más fuertes que los relatos.
Si el RIGI es tan extraordinario como sostiene el Gobierno, no debería necesitar insultos para defenderlo.
Le bastarían los resultados.
Las inversiones reales.
Los dólares ingresando al país.
Los empleos creados.
El desarrollo industrial verificable.
Sin embargo, mientras el riesgo país vuelve a escalar hasta niveles cercanos a los 700 puntos, los capitales siguen observando a la Argentina con desconfianza y la lluvia de inversiones prometida continúa siendo mucho más visible en los discursos oficiales que en la economía real.
Criticar una ley, un decreto o una política pública no constituye estupidez.
Es un derecho.
Y ejercer el periodismo con independencia tampoco constituye estupidez.
Es una obligación.
Por eso no acepto que ningún funcionario, por poderoso que sea, se arrogue el derecho de clasificar a los ciudadanos entre inteligentes y estúpidos según coincidan o no con sus ideas.
Los periodistas no estamos para repetir consignas del poder.
Estamos para formular las preguntas que el poder preferiría no responder.
Y seguiremos haciéndolo.
Aunque moleste. Aunque incomode. Y aunque desde la Casa Rosada pretendan reemplazar los argumentos por los agravios.
Por Armando Cabral, redacción de www.lalicuadoratdf.com.ar
