No estábamos convocando a nadie a Ushuaia. No había que pasar por el paso Garibaldi. La reunión era en Río Grande. Solo tenían que recorrer unas pocas cuadras.
Pero, aparentemente, hasta eso puede resultar complicado para algunas personas.
Cuánto más, entonces, manejar una Caja. ¿No?
Según se nos manifestó, la dificultad de traslado de los directores estaría relacionada con el hecho que desde que se sancionó la ley en junio del corriente año ya no pueden seguir percibiendo los gastos de una supuesta representación, y por esa razón, no poden afrontar sus responsabilidades (A LA VISTA ESTÁ QUE NUNCA LAS ASUMIERON).
Ante esta situación surge una pregunta inevitable:
¿Qué gastos de representación habría que representar cuando la representación vive en la ciudad donde fueron citados?
Tal vez, mediante alguna otra resolución interna —sin informar a los beneficiarios de la Caja, como ya parece ser costumbre—, el Directorio haya decidido que reunirse en la misma ciudad donde se reside, para cumplir con la obligación que se aceptó asumir, también genera gastos de representación.
Y si no hay gastos, tampoco hay representación.(NUNCA LA HUBO)
Ni obligaciones.
Ni voluntad de trabajar para encontrar soluciones a la crítica situación que hoy enfrenta la caja.
Cabe aclarar que, mientras se percibían esos gastos, tampoco hubo precisamente una representación visible para quienes llevamos más de quince meses reclamando nuestros haberes.
Mientras tanto, nosotras seguimos encontrando la manera de movilizarnos, presentar notas e insistir, siempre desde el respeto y la madurez, para que finalmente terminemos pidiendo una reunión en la comisaría primera de Río Grande.
¿Por qué allí?
Muy sencillo.
Desde la página oficial de la Caja, con fecha 27 de mayo de 2026, se hizo referencia a supuestas agresiones físicas, insultos y descalificaciones de nuestra parte, hacia los directivos de la caja, y por ende solicitaron que su seguridad fuera garantizada por el Estado.
Entendimos, entonces, que una comisaría podría ser el ámbito propicio para quienes se supone que saben brindar seguridad, y que hoy solicitan garantías al Estado, puedan sentirse protegidos ante estas mujeres.
La paradoja resulta difícil de ignorar.
Por un lado, reclamamos derechos que consideramos adquiridos, después de más de treinta años de aportes. Por otro lado, somos nosotras quienes debemos procurar un ámbito seguro para poder dialogar con quienes deberían dar explicaciones sobre nuestros aportes.
¿Será que ahora reclamar el pago de nuestro retiro constituye una amenaza institucional o personal?
¿O será que la verdadera amenaza es que insistamos demasiado en obtener respuestas?
Porque si pedir una reunión para conocer dónde están nuestros aportes y cómo han administrado los recursos que corresponden a los beneficiarios, constituye una amenaza, quizás el próximo paso sea colocar un cartel en la puerta de la Caja que diga:
“Se atiende únicamente a quienes no reclamen”.
O tal vez:
“Los directores están, pero reunirse con nosotros, les puede generar gastos de representación”.
Incluso podríamos imaginar otro:
“Aquí no se atiende a quienes reclaman por sus derechos”.
Y, por qué no, uno más:
“Cuando se resuelvan nuestros derechos adquiridos y cobremos nuestros gastos de representación, veremos, si atendemos a quienes les confiscamos ilegalmente sus aportes”.
Quizás, en esta nueva lógica institucional, los dos años de cobro por parte del directorio de gastos de «representación» puedan generar más derechos que los 30 años de aportes realizados legalmente por quienes son el primer eslabón de la policía provincial.
Sería muy graciosa esta situación si detrás de semejante indiferencia no hubiera 540 familias esperando respuestas y el pago legal de su retiro, que desde la institución que ellos contribuyeron a sostener hoy los descarta y se los niega.
Lo verdaderamente preocupante y alarmante es que quienes conducen la caja No son elegidos por los beneficiarios sino puestos a dedocracia por el jefe de policía de turno y aprobados por el gobernador.
Hoy para que nos expliquen dónde están los aportes y que hicieron con ellos, tuvimos que hacer una presentación al jefe de policía para que el directorio nos atienda.
La nota fue presentada.
La fecha llegó.
La hora llegó.
Los reclamantes llegamos.
Los directores y el jefe de Policía, No.
Eso sí: para dejar constancia de que no hubo respuesta, tuvimos que recurrir a una exposición policial.
¡Qué paradoja!
Recurrir a una autoridad policial para dejar constancia que autoridades de la institución policial no concurrieron a una reunión solicitada formalmente y no han brindado respuesta alguna.
Los directivos de la Caja, el Jefe de Policía y el Poder Ejecutivo tienen responsabilidades pendientes.
Y nadie parece hacerse cargo.
Mientras tanto, las familias seguimos esperando.
Respeto y respuestas.
Quizás no lleguen porque no hay gastos de representación.
Esperemos que no se necesiten.
Esperamos, simplemente, que lleguen.
Porque, después de todo, la reunión era aquí, en Río Grande donde estos tres directores tienen declarada su residencia.
Asociación de Esposas, Esposos, Pensionadas, Familiares e Hijos de Policías Provinciales que prestaron servicio en el ex Territorio.
