Dos leyes sancionadas, un veto y la inacción
Tras años de reclamos, la Legislatura provincial aprobó en abril las leyes 16.276 y 16.278, que obligaban al Ejecutivo a regularizar la deuda previsional y al Banco de Tierra del Fuego a frenar ejecuciones contra el personal territorial. El gobernador vetó ambas normas, pero la Legislatura insistió y las sancionó con fuerza de ley. Sin embargo, a más de 45 días de su promulgación, las leyes siguen sin aplicarse: los jubilados no cobran y el banco continúa sin órdenes de pago.
Violación de derechos y tratados
Los afectados denuncian un incumplimiento sistemático de la Constitución provincial, de la Ley 834 de previsión policial y del convenio Nación-Provincia de 1994. Incluso señalan que se vulneran tratados internacionales sobre derechos de personas mayores, al retener haberes jubilatorios y confiscar más del 20% de los fondos.
Directores privilegiados, retirados desamparados
La resolución interna 148/25 de la Caja establece un orden de pagos que prioriza a empleados y directores por encima de los retirados. Mientras los directores perciben viáticos y gastos de representación, los jubilados esperan partidas inciertas. La Legislatura prohibió esos beneficios, pero los directores presentaron recursos para mantenerlos, alegando “derechos adquiridos” por apenas dos años de gestión.
Justicia ausente, violencia presente
El Superior Tribunal de Justicia resolvió que el conflicto debía resolverse “políticamente”, dejando a los afectados sin respuesta judicial efectiva. Ante esta situación, esposas y familiares presentaron denuncias por violencia económica, psicológica y emocional, sumando un nuevo capítulo a la crisis.
Una deuda millonaria y contabilidad irregular
Según un informe del fiscal de cuentas Bronzovich (2011), el desvío acumulado proyectado al 2026 asciende a 7.900 millones de dólares. El Tribunal de Cuentas observa todos los años irregularidades en los estados contables de la Caja, lo que refuerza el pedido de intervención urgente.
La situación de la Caja policial de Tierra del Fuego es un símbolo del vaciamiento institucional y la vulneración de derechos adquiridos. Con leyes sancionadas que no se cumplen, directores privilegiados que se aferran a beneficios, y un Ejecutivo que ignora mandatos legislativos, la provincia enfrenta un escándalo que desnuda la fragilidad del sistema democrático cuando los poderes no se respetan.
Los afectados lo resumen con crudeza: “Los 30 años de aportes de nuestros esposos no sirven de nada, mientras ellos se llevan el dinero”.
Fuente: Resumen Económico, radio Provincia
