Durante los últimos meses, compañías emblemáticas como Mirgor, BGH y Radio Victoria han reducido personal mediante despidos y no renovación de contratos. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) estima que se perdió cerca del 30% de los puestos de trabajo en el sector electrónico y automotriz. A esto se suma la precarización salarial: un obrero metalúrgico percibe alrededor de $1.450.000, muy por debajo de la canasta básica de $2.200.000, lo que obliga a muchas familias a endeudarse o migrar.
Mientras tanto, empresas como Newsan y Mirgor trasladan inversiones hacia Buenos Aires y diversifican sus negocios en pesca y logística, dejando a Río Grande relegada. El régimen de promoción industrial (Ley 19.640), que fue el sostén del modelo productivo desde los años 70, enfrenta su mayor desafío: la pérdida de competitividad frente a la apertura de importaciones y la caída del consumo interno.
En la crisis de 2001, la industria fueguina sufrió suspensiones y despidos, pero logró recomponerse con la recuperación del consumo interno y el refuerzo del régimen industrial. Hoy, en cambio, la situación es más estructural: no hay señales de reactivación, las inversiones se fugan y los salarios no alcanzan para vivir. La crisis actual no solo replica la gravedad de 2001, sino que la supera en términos de profundidad y amenaza la sustentabilidad del polo industrial.
El impacto se refleja en el cierre de comercios, el aumento de la demanda de asistencia social y el éxodo de familias que buscan oportunidades fuera de la provincia. Los gremios advierten que la tensión podría derivar en un estallido social similar al de 2001, pero con consecuencias más severas por la ausencia de políticas de contención.
Río Grande enfrenta una crisis industrial más grave que la de 2001, marcada por la pérdida de empleo, salarios insuficientes y un vaciamiento productivo que pone en jaque la razón de ser del régimen fueguino.
