Este mecanismo constituye, en los hechos, una violación de la Ley de Coparticipación Federal, que establece la distribución automática y sin condicionamientos de los recursos. Al transformar lo que corresponde por derecho en un crédito oneroso, el gobierno nacional desnaturaliza el sistema de financiamiento provincial y somete a las jurisdicciones a un esquema de endeudamiento encubierto.
En el caso de Tierra del Fuego, el impacto es devastador:
La provincia sufre los recortes en transferencias y programas nacionales, como se observa en la ejecución presupuestaria de CEPA (con caídas del 97% en cooperación municipal y del 100% en fondos de fortalecimiento fiscal).
Se ve obligada a recurrir a adelantos que llegan con intereses, lo que profundiza el ahogo financiero y limita la capacidad de sostener servicios básicos, infraestructura y programas sociales.
El discurso oficial de “superávit cero” y “orden fiscal” se construye sobre un mecanismo que erosiona la autonomía provincial y convierte la coparticipación en un instrumento de presión política y financiera.
No se trata de ayuda: es deuda disfrazada.
No se trata de equilibrio: es un vaciamiento de recursos que por ley corresponden a las provincias.
No se trata de transparencia: es un esquema que contradice el principio de distribución automática y equitativa.
En definitiva, el superávit que exhibe el Gobierno se sostiene sobre la fragilidad de las provincias, el debilitamiento de los servicios públicos y la vulneración de la ley de coparticipación. Tierra del Fuego es un ejemplo claro de cómo el ajuste no solo recorta derechos, sino que institucionaliza la dependencia financiera de las jurisdicciones frente a la Nación.
