El último informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a poner a la Argentina en el centro de la escena regional, pero esta vez por motivos preocupantes: retrocesos en derechos humanos, deterioro de la vida democrática y un escenario de creciente conflictividad social atravesado por el ajuste económico y la represión estatal.
El documento, que analiza lo ocurrido durante 2025, advierte que el país enfrenta “desafíos relevantes” en materia de independencia judicial y sostenimiento de la institucionalidad, en un contexto marcado por el recorte de políticas públicas vinculadas a género, diversidad, memoria histórica y pueblos indígenas. Según la CIDH, estas decisiones impactaron directamente en el acceso a derechos de sectores vulnerables.
Protesta social, represión y libertad de expresión
Uno de los ejes más críticos del informe se centra en la respuesta estatal frente a la protesta social. La CIDH registró denuncias reiteradas de represión en manifestaciones pacíficas, especialmente en movilizaciones encabezadas por jubilados y sectores afectados por el ajuste.
El organismo hizo foco en el operativo del 12 de marzo de 2025, cuando el fotógrafo Pablo Grillo resultó gravemente herido tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, disparado por un efectivo de Gendarmería. Ese mismo día también fue agredida la jubilada Beatriz Blanco. Según el informe, estos hechos se inscriben en un “patrón de uso desproporcionado de la fuerza”.
Además, la CIDH advirtió sobre ataques directos a periodistas durante coberturas de protestas y un clima de hostigamiento que incluiría amenazas y agresiones físicas “presuntamente perpetradas por funcionarios públicos”. En ese marco, exhortó al Estado argentino a garantizar la seguridad de los trabajadores de prensa y el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
El informe también cuestionó lo que definió como una “estrategia para silenciar” el debate público, a través de acciones judiciales y discursos oficiales que equiparan la protesta con el delito, lo que, según el organismo, debilita la participación ciudadana y la vida democrática.
Espionaje, reformas de seguridad y riesgos institucionales
Otro capítulo clave del documento apunta a las reformas en materia de seguridad e inteligencia. La CIDH expresó preocupación por el Plan de Inteligencia Nacional y advirtió que podría habilitar prácticas de vigilancia indebida sobre periodistas, economistas y opositores políticos.
En particular, el organismo cuestionó la reforma del estatuto de la Policía Federal Argentina, impulsada por decreto, que permite el ciberpatrullaje sin orden judicial y la recopilación de información sobre personas consideradas potencialmente “riesgosas”. Según la Relatoría de Libertad de Expresión, estas herramientas podrían derivar en “estigmatización, vigilancia selectiva y un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión”.
A esto se suma la preocupación por la posibilidad de detenciones sin orden judicial y el avance de un esquema de seguridad que, según el informe, se implementó sin debate parlamentario, lo que pone en tensión los principios democráticos.
En paralelo, la CIDH también cuestionó el intento del Gobierno de designar por decreto a jueces de la Corte Suprema —Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo—, señalando que este tipo de decisiones afectan la independencia judicial en un contexto de reformas estructurales del sistema de justicia.
Ajuste, memoria y derechos sociales en retroceso
El impacto del ajuste económico aparece como otro de los ejes centrales del informe. La CIDH señaló retrocesos en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con especial énfasis en la situación de jubilados, personas con discapacidad y sectores en situación de pobreza.
“El escenario muestra un debilitamiento de la democracia con efectos directos en el acceso a derechos”, sostiene el documento, que también menciona el aumento de personas en situación de calle, la criminalización de la pobreza y las restricciones en el acceso a salud, educación y vivienda.
En materia de Memoria, Verdad y Justicia, si bien se destacaron avances como la identificación de nuevos nietos recuperados, el organismo alertó sobre el desfinanciamiento de instituciones clave, como el Banco Nacional de Datos Genéticos, y el cierre o vaciamiento de espacios de memoria.
También generó alarma el intento de modificar la estructura de organismos históricos, como la unificación del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio ESMA, así como denuncias sobre posibles intentos de destrucción de documentación militar vinculada a crímenes de la dictadura.
El informe concluye que las políticas implementadas durante 2025 configuran un proceso más amplio de “reconfiguración de la institucionalidad”, en el que las libertades públicas y los derechos fundamentales aparecen cada vez más condicionados por decisiones del Ejecutivo.
Fuente: GLP
