El Gobierno puso en marcha un plan de retiros voluntarios para empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en el marco de su estrategia para reducir la planta estatal. La medida fue oficializada este lunes a través de la Resolución 68/2026 publicada en el Boletín Oficial y forma parte de las políticas de «modernización y eficiencia del gasto público» impulsadas por la administración de Javier Milei.
El programa establece un esquema de extinción del vínculo laboral por mutuo acuerdo, denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR). Podrán adherirse los empleados de ANSES que tengan al menos dos años de antigüedad, aunque la aprobación final quedará sujeta a la evaluación del organismo. Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa busca avanzar en la transformación del Estado siguiendo recomendaciones de la Secretaría de Transformación del Estado y la Secretaría de Hacienda.
La implementación estará a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de ANSES, que deberá coordinar los acuerdos de desvinculación y su validación ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). La resolución fue elaborada tras un proceso administrativo que incluyó evaluaciones técnicas, jurídicas y presupuestarias, y se ajusta a la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y al convenio colectivo del organismo.
El plan prevé una gratificación extraordinaria equivalente al 90% de un sueldo por cada año de antigüedad, calculada sobre las remuneraciones habituales, con un tope de 24 haberes brutos. El pago se realizará en una sola cuota hasta $80 millones, y en dos cuotas mensuales si el monto supera esa cifra. Además, quienes se adhieran no podrán volver a trabajar en el sector público nacional durante cinco años y deberán declarar que no tienen reclamos laborales pendientes.
Quedan excluidos del programa empleados procesados o condenados por delitos contra la administración pública, quienes tengan sumarios disciplinarios, litigios laborales en curso, hayan iniciado su jubilación o superen los 62 años. El plazo para adherirse se extenderá hasta el 5 de abril, mientras que para quienes estén de licencia —por ejemplo, maternidad— la firma del acuerdo podrá postergarse hasta el final de ese período. La medida se inscribe en un proceso más amplio de recorte estatal, con nuevas reducciones previstas en distintos organismos públicos durante el primer trimestre del año.
