Horas después de que Javier Milei comunicara la promulgación de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, la Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó una ofensiva judicial para intentar frenar la entrada en vigencia de la reforma laboral. Ahora, para evitar la judicialización de la norma, el Gobierno de Javier Milei está analizando cómo responder al amparo y poder sostener la ley en los tribunales.
La difícil tarea recayó, principalmente, en manos de Ministerio de Justicia que se encuentra en plena etapa de recambio de autoridades luego de que renunciara el exministro Mariano Cúneo Libarona y asumiera como reemplazo, Juan Bautista Mahiques.
El Gobierno analiza como hacer frente al amparo de la CGT
El Ejecutivo había planeado semanas atrás el despliegue de un equipo legal dedicado exclusivamente a contrarrestar los recursos judiciales que quisieran bloquear la aplicación de la reforma laboral, pero ahora debe definir y afinar esa estrategia.
El amparo de la CGT fue presentado ante el Juzgado Contencioso número 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, mismo juez que en su momento desarticuló el decreto de desregulación que había impulsado el Gobierno de Javier Milei a principios del 2024. El objetivo del sindicato es declarar la nulidad e inconstitucionalidad de los artículos que habilitan el traspaso del fuero laboral.
La CGT argumenta que la medida no cumplió los requisitos constitucionales y advierte sobre el posible colapso judicial, además de la incertidumbre laboral para empleados y funcionarios judiciales. Según lo anticipado, la central planea sumar más presentaciones cautelares en tribunales de primera instancia y en el fuero laboral.
En simultáneo, la administración nacional anticipa que la judicialización del tema es inevitable. Fuentes cercanas al Gobierno indicaron a Infobae que el Gobierno dejó toda la responsabilidad en el nuevo equipo del Ministerio de Justicia con Mahiques al frente. «La estrategia depende de ellos, principalmente, aunque va a seguir habiendo coordinación», afirmaron.
De igual manera, las sostenibilidad de la reforma laboral depende de la confluencia de distintas áreas del Gobierno como la Procuración General del Tesoro, que engloba a los abogados del Estado, y que también tiene nuevo titular: el exsecretario de Justicia, Sebastián Amerio.
Incluso antes de que se produjera el recambio en la cúpula ministerial, la estrategia de la Casa Rosada involucraba a la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, liderada por María Ibarzabal Murphy. En ese entonces el equipo estaba coordinado bajo la órbita de Santiago Caputo, asesor presidencial.
El oficialismo tiene en vista varios puntos de los que esperan futuras demandas, entre ellos se encuentran la prioridad otorgada a los convenios de empresa sobre los nacionales, la limitación de la ultraactividad en los convenios colectivos, y la redefinición del cálculo de indemnizaciones. Además, el conflicto también surge por la decisión de transferir la Justicia del Trabajo a la CABA ya que la disputa por el control de los tribunales laborales se arrastra desde la reforma constitucional de 1994.
Desde el entorno de Javier Milei apuestan a que la reforma superará el test judicial, confiando en antecedentes de la Corte Suprema que avalaron la reorganización del fuero laboral porteño. El Gobierno insiste en que la modernización laboral “es irreversible”.
Con información de Infobae
