“La joya de la abuela, otra vez en remate”
Parece que hay una obsesión difícil de disimular: vender sí o sí las joyas de la abuela. En este caso, el terreno que nuevamente sale a remate como si de allí fuera a surgir, mágicamente, la solución a todos los problemas.
No es novedad que quienes hoy ofician de directores —porque dirigir, claramente, no dirigen— estén empeñados en avanzar con esta operación. Pero también es nuestra responsabilidad recordar algunos puntos que, por más que se intenten relativizar, siguen siendo centrales.
Primero: las leyes de la Caja son claras. Los directores no tienen facultades para vender bienes inmuebles en estas condiciones. Que el Tribunal de Cuentas haya emitido una resolución no convierte esa resolución en superior a la ley. Otra vez una resolución pretendiendo estar por encima del marco legal vigente. Otra vez el atajo administrativo en lugar del respeto institucional.
Segundo: no existe claridad respecto del monto real de la deuda. Entonces, ¿se vende por vender? ¿Se remata patrimonio sin saber si alcanzará, si será suficiente, si es proporcional o si simplemente es un gesto desesperado para mostrar movimiento? Liquidar activos sin un diagnóstico preciso no es gestión: es improvisación.
Tercero: quienes eventualmente adquieran el terreno deben saber que no todo es tan simple como parece. Una resolución no puede estar por encima de la ley, y esta situación ya se encuentra judicializada. Al momento de escriturar podrían aparecer obstáculos legales que hoy se minimizan. ¿Quién asumirá esa responsabilidad?
En el primer intento de remate —que quedó desierto— se nos acusó de “poner palos en la rueda”. Nada más alejado de la verdad. No ponemos obstáculos; nos ajustamos a la ley. Exactamente quienes hoy integran el directorio no estan haciendo, mientras buscan aliados administrativos para sostener lo que jurídicamente es insostenible.
La institución no merece esta conducción. Cinco personas que, lejos de fortalecerla, la exponen a un riesgo mayor. Porque lo que hoy se presenta como una solución podría convertirse mañana en un nuevo juicio contra la Caja. Y, como siempre, quienes terminarán pagando las consecuencias no serán los firmantes de las resoluciones, sino los aportantes, las esposas, los hijos, las pensionadas y pensionados de los retirados de la Policía de Tierra del Fuego.
No queremos que se venda el terreno. No por capricho. No por especulación. No por obstaculizar. No queremos que se venda porque hacerlo así implica incumplir la ley. Y cuando se vulnera la ley para “salvar” una institución, lo que en realidad se hace es debilitarla aún más.
La verdadera responsabilidad no es vender patrimonio. Es cumplir la ley. Aunque eso incomode.
ATENTAMENTE esposas, pensionadas e hijos de policías retirados de la provincia de Tierra del Fuego AeIAS.
