Policías retirados: Sus esposas exigen respeto para después de 8 meses sin cobrar sus haberes

Cuando la Constitución molesta
“Resuelva quien resuelva, aquí el tema de fondo es la inconstitucionalidad”.
Estas palabras, tan certeras como reales, fueron pronunciadas por el secretario legal del Gobierno provincial, Emiliano Fossato. Acompañamos plenamente esa expresión. Lo que no podemos dejar de preguntarnos es: ¿dónde estuvieron durante estos ocho meses en los que 540 familias no cobraron lo que legalmente les corresponde?
Durante ese tiempo se permitió que una resolución interna prevaleciera por sobre decretos, leyes provinciales y nacionales, y —lo más grave— por sobre la Constitución Nacional. Sin embargo, cuando se habla de una posible intervención del puerto, allí sí aparecen todas las leyes, todos los argumentos y toda la indignación institucional.
Mientras tanto, el Gobierno destinó 60.000 dólares a una presentación que terminó siendo completamente equívoca. Se reunió con gremios para solicitar respaldo, inauguró centros, aceptó que el Tribunal de Cuentas autorice la venta de un terreno y avaló decisiones que desconocen las leyes vigentes de la Caja. Todo esto, escuchando solo lo que conviene escuchar y repitiendo que “administran” la Caja, como si se tratara de un patrimonio propio.
Hablan de “estrategia de inversión y organización patrimonial”. Entonces surge la pregunta inevitable:
¿No conocen las leyes, o las acomodan según su necesidad?
Las leyes no se interpretan a conveniencia: se aplican.
Si el Gobierno tenía 60.000 dólares disponibles para ese gasto, ¿por qué no los destinó a pagarle a la policía que dice admirar? ¿Por qué durante estos ocho meses nunca concedió una entrevista a las familias afectadas? ¿Será que, como los policías no tienen gremio, no generan temor político?
Se acepta como argumento un verdadero disparate proveniente de la Caja, que roza lo que podría considerarse una posible estafa: se afirma que la venta de un predio cubriría la deuda, cuando ni siquiera saben con certeza cuánto deben. Además, cualquier persona con conocimientos mínimos sabe que cuando un inmueble va a remate por segunda vez, aun manteniendo el precio base, puede terminar aceptándose un valor menor.
¿Esa era la “estrategia de inversión y organización patrimonial”?
¿Por qué nunca presentaron esta supuesta solución cuando fueron convocados dos veces a la mesa de negociación con el Poder Legislativo? ¿Será que los directores no saben qué hacen en ese lugar, o que no tienen argumentos válidos para enfrentar a los policías territoriales que sí los tienen?
El silencio del Gobierno de turno y de quienes día a día están fundiendo la Caja nos lleva a sospechar una convivencia peligrosa entre el Estado provincial y el grupo que hoy la administra.
¿El caso del Hotel Basse fue una estrategia para que la Caja termine en manos del Gobierno?
Hoy vinieron por los policías territoriales y sus familias.
Mañana, ¿por quiénes irán?
El Gobierno provincial no tolera que el Gobierno nacional —según su discurso— lo “pisotee”. Pero no tiene reparos en pisotear a quienes durante 30 años o más aportaron para un retiro digno.
Señores del Gobierno: su paciencia fue extremadamente corta.
La nuestra se está terminando.
Durante ocho meses pedimos.
Hoy exigimos respeto, el mismo respeto que ustedes reclaman a la Nación.
El terreno de Ushuaia no debe ser vendido bajo una mentira. Quien eventualmente lo adquiera, lamentablemente, también podría adquirir problemas derivados de la falta de legalidad de esa operación.
Atentamente,
Esposas, hijos, pensionadas y familiares de policías retirados de la Policía Provincial de Tierra del Fuego.