La polémica decisión del Gobierno de dar marcha atrás con la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) no es solo una discusión técnica sobre estadística. Según un informe del Banco Provincia, mantener la estructura de consumo de 2004 para medir la inflación actual le permitirá al Ejecutivo un ahorro fiscal equivalente al 0,5% del PBI.
El peso de la estadística en las cuentas públicas
La diferencia entre la inflación «publicada» por el Indec y el aumento efectivo del costo de vida de las familias tiene un impacto directo en el gasto primario. Al utilizar una canasta de consumo que tiene más de 20 años de antigüedad, el Estado logra que las partidas que indexan por inflación suban por debajo de la realidad económica.
En base a los cálculos del Bapro, mantener la canasta de 2004-2005 para el cálculo del IPC le permitiría al Gobierno ahorrarse casi $5 billones entre «no aumentos» de prestaciones sociales y títulos capitalizables por CER
De acuerdo con las estimaciones de la entidad bancaria, el Estado Nacional se ahorraría casi $5 billones debido a la menor actualización de:
- Prestaciones sociales: Jubilaciones, pensiones y asignaciones que ajustan por el IPC oficial.
- Títulos públicos vinculados al CER: Menores pagos asociados a la deuda en pesos capitalizable.
Para tomar dimensión, este monto supera el total de los depósitos del Tesoro Nacional en el Banco Central al cierre de enero ($4,3 billones) y representa una caja fundamental para sostener el superávit financiero.
El «truco» de los ponderadores: bienes vs. servicios
La canasta de 2004-2005 (actualmente vigente) fue diseñada en una economía de «dólar caro» y tarifas congeladas.
Esto provoca una distorsión en la sensibilidad del índice frente a las políticas actuales de la gestión de Javier Milei:
- Sobre-representación de bienes: Alimentos, bebidas y calzado tienen mayor peso. Como el Gobierno busca mantener la apreciación del tipo de cambio (dólar planchado), estos precios suben menos, «pisando» el promedio general del IPC.
- Sub-representación de servicios: Rubros como vivienda, electricidad, gas y transporte tienen 11 puntos porcentuales menos de incidencia en la canasta vieja que en la de 2017-2018.
El dato: Para 2026, el informe proyecta una inflación del 25,9% con la canasta actual, mientras que con una metodología actualizada treparía al 28,6%. Esa brecha de 2,7 puntos es la que genera el ahorro fiscal.
El impacto en el bolsillo: La brecha del salario real
La disociación entre el dato oficial y la realidad impacta de lleno en la percepción de crisis de los hogares. Mientras que los números oficiales muestran un deterioro moderado del poder adquisitivo, la realidad del consumo marca una caída mucho más profunda.
- Salario Real (Dato Oficial): Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la caída registrada es de -1,2%.
- Salario Real (Canasta Actualizada): Si se midiera con los hábitos de consumo actuales, la pérdida de poder de compra escala a -7,7%.
Esta diferencia explica fenómenos sociales actuales: la irregularidad en la cartera de créditos de las familias, el aumento del pluriempleo y el máximo histórico en la cantidad de horas trabajadas. El trabajador promedio hoy necesita más empleos para cubrir una canasta de servicios (internet, streaming, tarifas) que el IPC oficial no pondera adecuadamente.
Rezago regional: Argentina, el país con la estadística más vieja
Mientras que los países de la región han modernizado sus mediciones para reflejar los cambios tecnológicos y de consumo post-pandemia, Argentina queda rezagada:
- Chile: Actualizó su canasta en 2023.
- Uruguay: Lo hizo en 2022.
- Promedio regional: Utilizan años base entre 2017 y 2018.
Mantener la encuesta de 2004 supone una complejidad adicional para comparar la dinámica inflacionaria local con la internacional.
En un contexto donde la fragilidad de reservas persiste (ratio sobre PBI menor al 7%), la transparencia estadística será clave para el eventual regreso a los mercados internacionales de deuda.
Fuente: El Economista
