En una sesión cargada de polémicas, la Legislatura de Tierra del Fuego habilitó la salmonicultura, rubro industrial que se encontraba prohibido desde 2021 en todo el territorio marítimo y lacustre de la provincia más austral de la Patagonia. Dos empresas vinculadas a la tecnología, entre las principales interesadas en explotar la actividad.
La necesidad de ampliar la matriz productiva
El acercamiento de posiciones entre el gobierno de Melella y La Libertad Avanza en torno a la pesca y la salmonicultura surgió a comienzos de año, cuando el propio gobernador elogió el proyecto del exlegislador libertario Agustín Coto, actual senador nacional, durante la apertura de sesiones legislativas.
La postura del Ejecutivo provincial tiene que ver, estrictamente, con la necesidad de ampliar la matriz productiva fueguina, puesta en crisis una vez más con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, especialmente luego del decreto que establece una reducción de aranceles a la importación de celulares y otros productos electrónicos.
De hecho, la habilitación de la salmonicultura en Tierra del Fuego también fue celebrada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, feroz crítico de la Ley de Promoción Industrial.
“Otro paso a la normalidad», escribió el Coloso en Twitter. «La acuicultura deja de estar prohibida. Tierra del Fuego tiene que desarrollar sus ventajas competitivas. Tres que son obvias son el gas, el turismo y la acuicultura. Falta que saquen los galpones de Ushuaia para que pueda explotar su potencial turístico a pleno. Argentina será próspera. VLLC!”, publicó.
Qué dice la nueva ley y cómo fue la votación
La flamante normativa sustituye el texto de la Ley provincial 1355 y se enfoca en regular el desarrollo sustentable de la acuicultura como una actividad agropecuaria integral en las aguas continentales y marítimas de la provincia.
Entre los puntos más destacados se mantiene la prohibición de toda actividad de cultivo y producción de salmónidos en las aguas del Canal Beagle, mientras que en los lagos, lagunas, ríos y arroyos, la actividad se limita al uso consuntivo de las aguas, garantizando exclusivamente las tareas de resguardo de reproductores y repoblamiento de peces.
Asimismo, se establecen mecanismos de control y planificación obligatorios, incluyendo la reglamentación de procedimientos para la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que busca delimitar zonas aptas y anticipar impactos, a la vez que se exige que los proyectos productivos consideren el uso de sistemas estandarizados de crianza, entre ellos el Sistema de Circuito Cerrado de Recirculado de Agua («RAS»).
El proyecto del oficialismo fue respaldado por ocho legisladores, entre ellos Myriam Martínez y Federico Greve (FORJA); Tomás García y Juan Carlos Pino (PJ); Natalia Gracianía y Luciano Selzer(LLA); Matías Lapadula (Provincia Grande, el partido del intendente de Río Grande, Martín Pérez) y Natalia Dos Santos (Sumemos Tolhuin).
Quienes votaron en contra fueron Raúl Von Der Thusen y Jorge Lechman (Somos Fueguinos), Laura Colazo (Partido Verde); Pablo Villegas y Damián Löffler (Movimiento Popular Fueguino). También rechazaron la iniciativa Victoria Vuoto (PJ) y Federico Sciurano (FORJA), socios y aliados del melellismo, quienes ya habían acompañado la prohibición de la salmonicultura en 2021.
Durante el debate, Sciurano afirmó que no cambiaría su posición histórica. “Voy a votar en contra de las salmoneras. Tengo una postura y la voy a respetar como lo hice toda mi vida pública y privada», manifestó, en contraste con la línea de su bloque.
Los negocios detrás del salmón en Tierra del Fuego
A modo de comparación, la salmonicultura es uno de los principales motores productivos de Chile. En 2024, las exportaciones de salmón y trucha alcanzaron 6.366 millones de dólares y tuvieron como destino a Estados Unidos, China y Japón, entre otros países.
En Argentina, una de las empresas que explota la actividad es Newsan, propiedad del empresario Rubén Cherñajovsky, con fuerte presencia en la provincia. Esta compañía, así como también Mirgor, propiedad del clan Caputo, son las principales interesadas en que se habilitara la salmonicultura en Tierra del Fuego, aunque también hay posibles inversores de países europeos.
La instalación de criaderos de salmónidos despertó un fuerte rechazo de parte de organizaciones ambientalistas, que en 2021 lograron -de la mano del MoPoF– la prohibición de la actividad en las aguas de toda la provincia.
