El procedimiento comenzó a partir de un oficio enviado por el director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero, al juez del Tribunal Oral Federal Nº 4, Néstor Costabel. En esa comunicación, informó que se dispuso la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos en las subastas judiciales y de los bienes inmuebles registrados a nombre de los Báez.
Causa Vialidad: la Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez
En ese marco, Romero solicitó al TOF Nº 4 que, como primera medida, se proceda a “la transferencia de las sumas de dinero decomisadas, así como de los fondos obtenidos de las subastas mencionadas” a dos cuentas que pertenecen al Máximo Tribunal, una en pesos y otra en dólares; además del envío de la documentación sobre las subastas realizadas.
«Todo ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 y 305 del Código Penal de la Nación, y 522 del Código Procesal Penal de la Nación”, detalla el escrito al que tuvo acceso PERFIL.
De acuerdo con la condena emitida en abril de 2021, los montos decomisados ascienden a aproximadamente 61,13 millones de dólares, distribuidos en diferentes partidas: 54,87 millones, 5 millones, 307.994 y 950.000 dólares.
La sentencia también incluyó distintas cifras en pesos, que el tribunal dispuso que fuesen “ajustables conforme al índice de actualización de precios del consumidor del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos)”, que suman unos $4.174.697.
“Firme que sea la presente, se procederá a ejecutar los decomisos ordenados precedentemente, sobre la totalidad de los bienes cautelados por cuya razón se mantendrán los embargos y demás medidas restrictivas oportunamente dispuestas”, decía el fallo original del TOF Nº4. Dos años después, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación confirmó los decomisos.
El 29 de mayo de este año, la Corte Suprema, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró «inadmisibles» los recursos presentados por las defensas y dejó firme las condenas y los decomisos. Sin embargo, el proceso se demoró debido a que el Gobierno Nacional creó un Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado, mediante el Decreto 575/2025-
Este regimen, bajo el ala del Ministerio de Seguridad de la Nación, iba a funcionar como órgano de supervisión, evaluación y toma de decisiones sobre estos temas, por lo que los bienes iban a quedar en custodia de esa cartera. Esto generó tensiones con el Poder Judicial, debido a los criterios específicos que había establecido la Corte este año.
Según lo establecido, se indicaba que los jueces intervinientes en las causas penales deben ser quienes deben ejecuten las penas, dicten las medidas cautelares y dispongan los bienes decomisados, con el fin de garantizar la independencia judicial. Por este motivo, Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó una demanda argumentando intromisiones en las competencias de este poder.
En octubre, el juez federal en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que impedía al Gobierno Nacional avanzar con la aplicación del decreto, al considerar que “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito” y “excede los límites constitucionales previstos para la emisión de decretos de necesidad y urgencia”.
Las condenas en La Ruta del Dinero K
En este expediente, que tiene a casi veinte personas condenadas, Lázaro Báez -empresario vinculado al kirchnerismo- fue sentenciado a 15 años de prisión, mientras que su hijo, Martín, recibió una pena de 6 años y medio.
En la causa, la Justicia determinó la existencia de una organización que entre 2010 y 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicadas al manejo de la empresa Austral Construcciones, que dirigía Báez, mediante la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”. El entramado incluía una red que funcionó en el país y en el exterior.
Los Báez, entre su patrimonio y el de sus empresas, llegaron a tener 440 bienes inmuebles, 972 vehículos y máquinas viales, además de las cuentas en el extranjero. La Justicia ordenó repatriar dinero que Báez padre giró al exterior, que se depositaba en cuentas de bancos internacionales a nombre de otras personas jurídicas. Luego, se adquirían bonos de deuda pública y se hacía una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para obtener acciones de Austral.
FP / EM
Fuente: Perfil
