Más de tres décadas después de que la figura del defensor del pueblo se consolidara en la estructura institucional argentina, todavía hay cinco provincias que no cuentan con alguien que desempeñe este rol clave para garantizar los derechos de la ciudadanía frente al Estado. Santa Cruz, Mendoza, Misiones, La Pampa y Salta tienen el cargo vacante o, directamente, no designaron nunca a su defensor. En Tierra del Fuego, además, un vacío legal mantiene paralizada la puesta en marcha del organismo.
Aunque el cargo está previsto en la mayoría de las constituciones provinciales y se reconoce como una figura de control independiente, en gran parte del país su aplicación efectiva sigue siendo irregular. La defensoría del pueblo, que actúa como nexo entre el ciudadano y la administración pública, tiene la misión de supervisar la transparencia del Estado, intervenir ante abusos o demoras y promover políticas que garanticen el acceso a derechos básicos. Su ausencia deja sin cobertura a miles de personas que no tienen otro canal institucional para reclamar frente a los poderes públicos.
Según un reciente informe del Observatorio del Control Público (OCP), de las 24 jurisdicciones del país (hay que sumar a la Nación), 19 cuentan con defensorías en funcionamiento. Las restantes presentan distintos niveles de atraso normativo o político. Según datos del Consejo Federal de Defensorías del Pueblo (ADPRA), Santa Cruz, Mendoza, Misiones, La Pampa y Salta no tienen un defensor designado. En algunos casos, el problema es la falta de reglamentación; en otros, la demora en el nombramiento o la ausencia de acuerdo entre las fuerzas políticas.
En Santa Cruz, la Constitución provincial no prevé expresamente la figura del defensor del pueblo, por lo que no existe un organismo creado ni una ley que regule su funcionamiento. Sin embargo, hay un proyecto presentado en 2024 para crear ese cargo. Muchas veces, la Defensoría General ante el Tribunal Superior de Justicia cumple algunas de las funciones de defensa pública, pero no reemplaza a una defensoría autónoma.
Salta tiene una legislación que crea la figura del Defensor del Pueblo desde 1994, pero actualmente no cuenta con un titular designado
Mendoza tampoco tiene una defensoría del pueblo. En 2016, el Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza aprobaro por ley la creación y puesta en funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar de Mendoza, que cumple tareas similares.
En Misiones, no existe la institución. Solo hay una defensoría del pueblo en Posadas, su ciudad capital. Desde 2010 está reglamentada la Ley IV Nro. 52 del Defensor del Pueblo de Niños, Niñas y Adolescentes. En La Pampa, ni la Constitución ni la legislación provincial prevén la existencia del defensor del pueblo: en 2018 se intentó promover un proyecto que terminó sin éxito.
Salta cuenta con una legislación que crea la figura del Defensor del Pueblo de 1994, cuando fue publicada en el Boletín Oficial, pero actualmente no cuenta con un titular designado para ocupar ese cargo.
Tierra del Fuego enfrenta un caso atípico: la Ley Nº 348, que establece la creación de la Defensoría del Pueblo, fue dictada en 1988 cuando el distrito aún no tenía estatus provincial. Al no estar contemplada en la Constitución vigente, persisten dudas sobre su validez y sobre cómo podría ponerse en marcha el organismo.
Una figura clave
Las defensorías del pueblo cumplen un rol central en el fortalecimiento democrático. No solo tramitan reclamos individuales, como cortes de servicios o incumplimientos administrativos, sino que también investigan prácticas estructurales del Estado, emiten recomendaciones y promueven la transparencia de la gestión pública. En provincias donde la figura está activa, estos organismos intervinieron en temas ambientales, de vivienda, transporte, acceso a la salud y protección de consumidores.
Además, al tratarse de un órgano autónomo e independiente de los tres poderes del Estado, funciona como una herramienta de equilibrio institucional y canaliza reclamos colectivos.
Vacíos políticos y demoras institucionales
Las razones detrás de la falta de designaciones son diversas. En algunos distritos, las legislaturas provinciales no logran los consensos necesarios para cubrir el cargo, que suele requerir una mayoría especial. En otros, las demoras obedecen a desinterés político o a la falta de prioridad en la agenda legislativa. La ausencia de presupuesto o de acuerdo sobre la estructura administrativa del organismo también retrasa su creación.
Más allá de los motivos, el resultado es el mismo: miles de habitantes sin representación ante el Estado. Mientras tanto, las defensorías municipales o regionales asumen parte del trabajo, pero con alcances limitados.
Fuente: El Auditor.
