La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional con movilización para el día en que el Congreso discuta la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La decisión se tomó durante el Consejo Federal del gremio, realizado en San Luis, donde las 191 seccionales respaldaron de manera unánime no solo esta medida, sino también la posibilidad de lanzar protestas sorpresivas a lo largo de diciembre. En la conducción sindical consideran que el escenario político y social llegó a un límite y que las próximas semanas serán decisivas.
Un quiebre en el vínculo y un reclamo que ya no acepta demoras
En la cúpula de ATE señalan que el espacio de negociación generado por el Gobierno terminó funcionando como un ámbito dilatorio. Según plantearon en el encuentro, después de meses de reuniones, aún no apareció una propuesta formal para modificar el régimen laboral y, en paralelo, atribuyen la redacción del texto a actores del sector privado. Dentro del gremio describen esta situación como una señal de que el diálogo entró en una etapa de agotamiento y que ya no quedan herramientas institucionales para frenar el deterioro del salario estatal.
La advertencia por el rumbo del conflicto
En las intervenciones del Consejo Federal circuló la idea de que el Gobierno busca prolongar las discusiones sin avanzar en acuerdos. Dirigentes provinciales interpretan que la falta de definiciones empuja al sindicalismo hacia un escenario donde la respuesta deberá darse en la calle. Según remarcaron, el desgaste acumulado durante casi dos años de negociaciones infructuosas profundizó la sensación de que no existe voluntad de consenso por parte del Ejecutivo.
La paritaria virtual y un enojo que atraviesa al gremio
El malestar se potenció con la convocatoria a una paritaria por Zoom para este viernes. En la conducción consideran que la modalidad virtual es una señal de distancia por parte del Ejecutivo y la interpretan como un intento de esquivar el debate presencial. En los discursos internos se mencionó que esta dinámica refleja la falta de voluntad de encarar una discusión frontal sobre el poder adquisitivo del sector público.
ATE volvió a remarcar que la pérdida de ingresos de los trabajadores estatales se agravó durante 2025. El incremento acumulado en los primeros diez meses del año llegó apenas al 13,6%, mientras que la inflación del mismo período alcanzó el 24,8%. Para la organización, este desfasaje no solo deteriora el bolsillo de sus afiliados, sino que también muestra el estancamiento de las paritarias y la necesidad urgente de su reapertura.
Un plenario con fuerte respaldo federal
El Confederal reunió a secretarios generales de las 24 provincias y a las 191 seccionales del país en un hotel de la capital puntana. Durante la jornada, el debate se centró en la estrategia sindical para las próximas semanas y en el impacto que tendrá el tratamiento de la reforma laboral en la agenda sindical. El respaldo a la conducción nacional fue unánime y reforzó la idea de que el gremio deberá estar preparado para enfrentar un diciembre marcado por la conflictividad.
Denuncias por persecución sindical
La organización también dedicó un tramo del encuentro a denunciar lo que considera un avance del Gobierno sobre el movimiento gremial. En ese marco, señalaron detenciones de secretarios generales en distintas provincias y mencionaron denuncias penales contra dirigentes, entre ellas la presentada recientemente contra Rodolfo Aguiar. Para la conducción, estas situaciones forman parte de un clima general de hostigamiento que se intensificó en los últimos meses.
Un diciembre que anticipa conflicto
El paro nacional que ATE anunció se activará el mismo día en que la reforma laboral sea tratada en el Congreso, un debate que el Gobierno espera impulsar durante el período de sesiones extraordinarias. En el gremio entienden que ese momento será clave para definir el rumbo de la relación con la Casa Rosada y anticipan que miles de estatales podrían movilizarse si el proyecto avanza.
Además del paro general, la conducción quedó facultada para lanzar acciones sorpresivas en organismos de todo el país durante diciembre. La intención es mantener el conflicto visible y mostrar el nivel de rechazo interno a las modificaciones laborales. El sindicato considera que la combinación de estas medidas marcará un punto de inflexión en la disputa con el Gobierno y que el impacto político podría sentirse incluso antes del debate legislativo.
