Sin embargo, nos vemos en la obligación de ofrecer disculpas por la falta de respeto y de educación evidenciada, una vez más, por quienes perciben gastos de representación para actuar en nombre nuestro y no estuvieron a la altura de esa responsabilidad.
Al analizar las justificaciones presentadas para explicar su ausencia, advertimos nuevamente que carecen de sustento coherente, resultan vacías y muestran un preocupante desconocimiento de las leyes que ellos mismos incumplen de manera sistemática. Cada acción que emprenden contradice el deber de velar por los aportes que las familias policiales realizamos durante más de treinta años.
En su comunicado, los directivos mencionan el asesoramiento de un “equipo técnico”, el mismo que avaló la Resolución 148/25, basada simple y llanamente en discriminar a un grupo de policías por el solo hecho de haber prestado servicio muchos años antes de que ellos ingresaran a la institución, cuando Tierra del Fuego aún era territorio nacional.
Dicen estar buscando “una solución sensata”. Les recordamos que la única solución verdaderamente sensata es cumplir la ley y pagar en tiempo y forma. También afirman estar preocupados por garantizar igualdad de derechos, por cumplir las normas y por asegurar un retiro eficiente, previsible y digno.
Frente a estas afirmaciones, nos vemos obligadas a interpelarlos, señor Bordón:
¿A qué igualdad de derechos se refiere?
¿De qué cumplimiento de normas habla?
¿Cuáles son las supuestas medidas adoptadas y por qué no se implementaron hace cinco meses?
Usted menciona la aspiración de un retiro con eficiencia y tranquilidad. Sin embargo, tanto usted como el resto de los directivos de la Caja desatienden la realidad urgente que viven sus propios camaradas. Sus ingresos mensuales están asegurados; los de ellos no.
Parece desconocer que quienes hoy no cobran son justamente aquellos que aportaron muchos más años que usted a la institución, y que no solo sostienen con sus contribuciones los retiros actuales, sino también más de cuatro millones de pesos mensuales en gastos de representación que, a la vista de la ciudadanía, solo representan sus intereses personales.
Desoyen fallos judiciales, presentan apelaciones financiadas con los mismos fondos aportados por los damnificados y utilizan los recursos de la Caja en beneficio propio y en detrimento de quienes han sostenido este sistema durante décadas.
Por todo ello, sería más sincero admitir que no asistió a la Legislatura porque carece de argumentos para enfrentar a quienes conocen la verdadera historia de la Caja y la realidad que hoy padecemos.
Exigimos, de manera clara y definitiva, el cumplimiento estricto de la ley, la restitución inmediata de los pagos adeudados y el fin de toda práctica discriminatoria hacia los policías de mayor antigüedad.
Las familias policiales hemos honrado nuestra parte durante más de tres décadas; hoy es su obligación cumplir la suya.
Atentamente,
Las mujeres de policías retirados y pensionados de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.-
